Luego de que la Procuraduría General de la Nación confirmara la suspensión por cuatro meses impuesta al ahora embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, por las irregularidades en el proceso de selección de la empresa encargada de comercializar 80.000 cajas de Aguardiente Nariño en 2016, el exgobernador de Nariño aseguró que es una decisión politizada por parte del Ministerio Público.
Así lo dio a conocer a través de un video que compartió en redes sociales en el que celebró que “después de varios años, al fin se cierra el proceso en mi contra que llevaba la Procuraduría por el tema de Aguardiente Nariño, una gran noticia”, el problema, según Romero, es que la decisión llegó desde una “Procuraduría politizada”.
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Según el embajador, la resolución por parte de la Procuraduría se argumentó en una supuesta omisión, dado que no lo encontraron responsable de alguna acción irregular, todo para no “dejarme limpio, para imponerme una multa que es lo que ha decidido”.
En cuanto la determinación de la Procuraduría General de la Nación, el embajador aseguró que no se trata de una suspensión de su cargo de embajador en Argentina, sino que el Ministerio Público terminó publicando un “comunicado tendencioso” que se puede interpretar como una sanción de su puesto, pero no es cierto.
Romero agregó que la comunicación del ente investigador es una clara muestra de su actuación, dado que sigue caracterizándose como “un actor político en las decisiones de Colombia y no un órgano de control con garantías”.
La sanción de la Procuraduría
En la mañana del domingo 8 de septiembre de 2024, la Procuraduría General de la Nación (PGN) confirmó la sanción de suspensión por cuatro meses impuesta al exgobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, que ejerció su mandato entre 2016 y 2019. La sanción surgió luego de que el Ministerio Público investigara irregularidades detectadas en la selección de la empresa encargada de comercializar 80.000 cajas de licor en el año 2016.
Por lo que, en un fallo de segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular indicó que el proceso se llevó a cabo sin la necesaria transparencia y competitividad.
De acuerdo con la PGN, el contrato fue adjudicado a la Organización de Licores de Nariño S.A.S. sin haber realizado previamente un proceso de selección adecuado: “En el caso sometido a examen, se observa una total omisión frente a los deberes propios del gobernador”, explicó el Ministerio Público en el fallo de segunda instancia.
En el proceso de selección, la administración departamental no garantizó la libre concurrencia de oferentes en igualdad de condiciones; dado que, durante el proceso, solo una empresa tuvo acceso al decreto que fijaba los precios y escalas para la venta del licor. En ese sentido, no se establecieron claramente las reglas para la forma de participación, la evaluación de ofertas y la selección del proponente: “El órgano de control indicó que la administración departamental no garantizó la libre concurrencia de oferentes”, se lee en el reporte.
Camilo Romero fue sancionado por no vigilar ni controlar adecuadamente la actuación del secretario de Hacienda departamental (e) durante el proceso de selección y adjudicación del contrato, por lo que esta falta de diligencia y cuidado necesario fue un punto clave en la decisión de la Procuraduría, cuando “el entonces gobernador actuó sin la diligencia y cuidado necesario”.
Por tal motivo, la Procuraduría calificó la conducta de Romero como una falta grave cometida a título de culpa grave, por la que tendrá que pagar una sanción que se traduce en salarios devengados para la época de los hechos equivalentes a $ 31′859.152.