La Policía Nacional afecta financiación del grupo criminal ‘Los Pachelly’, en Antioquia

En una serie de operativos recientes, la Fiscalía General de la Nación en Colombia, con el apoyo de la Policía Nacional, emprendió acciones significativas contra la organización delictiva conocida como ‘Los Pachelly’.

Estas operaciones, ejecutadas en el departamento de Antioquia, han tenido un impacto notable en las finanzas de esta estructura criminal, reconocida por sus actividades de extorsión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, se impusieron medidas cautelares sobre trece vehículos que habrían sido adquiridos con dinero procedente de actividades ilícitas. Las medidas incluyen suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro. Los bienes, que incluyen una volqueta, una camioneta, motocicletas y automóviles, habrían sido adquiridos en un corto período, desde 2017, cuando la organización habría intensificado sus actividades delictivas.

Los Pachelly, conocidos por su influencia en municipios como Bello, San Félix, San Pedro de los Milagros y otros de la región, utilizaron las extorsiones como principal fuente de ingresos. Las víctimas de estas extorsiones eran principalmente comerciantes y transportadores locales. Los bienes incautados, según los cálculos preliminares, podrían superar un valor de 500 millones de pesos.

Las diligencias donde se materializaron estas acciones fueron realizadas de manera conjunta con la Sijín del Departamento de Policía de Antioquia. Además, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de los vehículos afectados por las medidas cautelares.

La Fiscalía destacó que las acciones formaron parte de un esfuerzo más amplio para impactar las finanzas de las organizaciones criminales y debilitar su capacidad operativa. Estas medidas son el resultado de un proceso de investigación y seguimiento a las actividades de ‘Los Pachelly’, quienes han sido un blanco estratégico debido a su larga historia de actividades ilegales en la región.

La implementación de estas medidas cautelares no solo tiene el propósito de decomisar bienes obtenidos ilícitamente, sino también de enviar un mensaje claro respecto a la efectividad de la lucha contra el crimen organizado en Colombia, según las autoridades.

En medio de un encendido debate en Colombia, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha manifestado su enérgico rechazo al nombramiento de alias Firu como gestor de paz, un disidente capturado con armas en vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Este decreto fue emitido por el Gobierno de Gustavo Petro y ha generado fuertes críticas y cuestionamientos por parte de diversos líderes políticos del país.

Rendón, haciendo uso de un video en sus redes sociales, cuestionó duramente esta decisión del gobierno. “¿Qué moral, qué motivación tendrán nuestros soldados, hombres y mujeres de la Fuerza Pública, los policías, para combatir el crimen y defender a los colombianos cuando sus verdugos son premiados y nombrados por el presidente como gestores de paz?”, se preguntó enérgicamente el mandatario antioqueño.

El gobernador ha insistido en que, a pesar de mantener su compromiso con la búsqueda de la paz, el nombramiento de alias Firu es percibido como un premio para un individuo que, en lugar de enfrentar una condena, obtiene un reconocimiento. Alias Firu, según datos de la Fuerza Pública, ha sido implicado en la muerte de cuatro soldados en Valdivia este año, como resultado de un campo minado que el disidente habría implantado.

Rendón agregó que alias Firu posee un extenso prontuario delictivo y ha sembrado el miedo y el desplazamiento en el norte y nordeste de Antioquia. En sus declaraciones, el gobernador subrayó el impacto negativo que decisiones como esta pueden tener en la moral de las fuerzas de seguridad del país y en la percepción de justicia entre la ciudadanía.

El decreto del presidente Gustavo Petro, más allá de este caso puntual, ha sido ampliamente criticado, ya que contempla la designación de varios líderes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) como gestores de paz. Críticos de esta medida argumentan que legitimar a cabecillas que aún están involucrados en actividades delictivas puede socavar la confianza en las instituciones del Estado y en los procesos de paz.

La decisión de nombrar a estos individuos en posiciones de paz es vista como un intento del gobierno Petro de avanzar en negociaciones y acuerdos que pongan fin al conflicto armado en diferentes regiones del país. Sin embargo, estas acciones han generado polarización y un amplio debate sobre la mejor estrategia para lograr una paz duradera y efectiva en Colombia.