Investigan presuntas irregularidades en la construcción de nueva sede de la Universidad Nacional en la isla de San Andrés

El contrato para la construcción del nuevo edificio de la sede Caribe, de la Universidad Nacional en San Andrés, está bajo la lupa de los organismos de control.

La Procuraduría General de la Nación anunció que ya está en marcha una investigación disciplinaria para evaluar posibles irregularidades en la planeación y ejecución del proyecto Construcción y dotación de aulas y bienestar de la Universidad Nacional de Colombia sede Caribe departamento de San Andrés y Providencia, cuyo valor asciende a 11.442.391.374 de pesos, según informó dicha entidad.

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Según un comunicado emitido el sábado 7 de septiembre de 2024 por la Procuraduría, el organismo de control puso bajo indagación a varios funcionarios de la Universidad Nacional sede Caribe.

El Ministerio Público abrió investigación contra Dolly Montoya Castaño, rectora de la institución de educación superior; Adriana Santos Martínez, directora de la sede; Jairo Medina Calderón, director del proyecto de construcción; y Juan David Osorio Cano, supervisor del proyecto.

Estos funcionarios, según la Procuraduría General de la Nación, son investigados por una presunta demora en la planeación y ejecución contractual del proyecto, que cuenta con financiamiento del Sistema General de Regalías. Este proyecto fue aprobado el 21 de septiembre de 2022 mediante el Acuerdo 10 del Ocad región Caribe, destacó el organismo de control.

Como parte de las acciones investigativas, la Procuraduría ordenó recopilar diversas pruebas documentales. Entre ellas, se incluyen la solicitud de la resolución por la que se añadieron recursos al presupuesto de la Universidad Nacional de Colombia para la inversión regional, una copia del programa de giros de recursos del SGR, y los informes realizados por el director del proyecto en su rol de responsable de este.

Estas evidencias serán cruciales, de acuerdo con los expresado por el Ministerio Público, para determinar si las acciones o la falta de ellas por parte de los funcionarios implicados configuran conductas sancionables.

La investigación busca aclarar la ocurrencia de las conductas denunciadas y precisar si hubo indebidos manejos administrativos o financieros en la ejecución de este importante proyecto educativo. De encontrarse fundamentos, esto podría derivar en sanciones disciplinarias para los implicados, de acuerdo con lo establecido por la ley. Los investigados tendrán la oportunidad de presentar su versión de los hechos, tanto oralmente como por escrito, si así lo desean, ha especificado la Procuraduría General de la Nación.

La Universidad Nacional de Colombia se ha posicionado nuevamente en el Shanghai Ranking, conocido oficialmente como Academic Ranking of World Universities (Arwu), ubicándose en el rango 801-900 a nivel global y manteniendo el primer lugar nacional.

El Shanghai Ranking es una clasificación realizada por la Universidad Jiao Tong de Shanghái en China, que evalúa a las instituciones de educación superior mediante parámetros como el rendimiento académico y las contribuciones científicas en diversas disciplinas. Este reconocimiento reafirma la posición de la Universidad Nacional como una de las instituciones líderes en Colombia.

El primer lugar mundial, como en ocasiones anteriores, fue ocupado por la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Este ranking es una referencia importante para medir la calidad académica de las universidades a nivel global, y su actualización es seguida con atención por la comunidad académica internacional.

En un contexto paralelo, la senadora Paloma Valencia denunció a través de su cuenta de X que en la Universidad Nacional se están produciendo conflictos internos, incluyendo la ocupación de edificios y el uso de vehículos de la UNP para apoyar a quienes considera “secuestradores”. La senadora también mencionó que existe una crisis en el Consejo Directivo de la Universidad.

Valencia afirmó que estos disturbios son consecuencia de la decisión del Gobierno de no reconocer la elección del rector legítimo, José Ismael Peña. En entrevista con La FM, expresó su preocupación por la situación, sugiriendo que estos eventos forman parte de un movimiento orquestado por el Gobierno para amenazar la autonomía y la calidad educativa de la institución. Según la congresista, la elección del rector Leopoldo Múnera y la toma del campus podrían ser estrategias con objetivos políticos.

Además, el Consejo de Estado admitió una nueva demanda interpuesta por un grupo de personas en la mañana del martes 20 de agosto de 2024. Este desarrollo añade una nueva dimensión legal al conflicto interno que enfrenta la Universidad Nacional.