Ejército Nacional desactiva minas antipersonas halladas cerca de una escuela en Nariño

El Ejército colombiano destruyó tres minas antipersonales colocadas en un chaleco encontrado cerca de una institución educativa en una zona rural del departamento de Nariño, reportó la institución castrense este sábado.

Las tropas de la Vigésima Tercera Brigada, junto a un grupo de explosivos, desactivaron los artefactos, evitándose así un grave riesgo para más de 200 personas, entre estudiantes, profesores y residentes del corregimiento de Policarpa, según indicó el Ejército en un comunicado.

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La alerta de los explosivos fue dada por la comunidad, quienes detectaron los tres elementos peligrosos abandona a unos metros de la Institución Educativa Agropecuaria El Ejido.

En una acción coordinada, los solda destruyeron estas minas que habían sido abandonadas por el Frente Franco Benavides del Estado Mayor Central, la principal disidencia de las Farc operante en la región.

El Ejército resaltó que el uso de minas antipersonales está clasificado como un delito de lesa humanidad, conforme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y recalcaron que representan una clara violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Por su parte, el Consejo Noruego de Refugia (NRC) reportó que el conflicto en Colombia tuvo un impacto negativo en 7.237 estudiantes, así como en 403 docentes y 83 emplea escolares durante el primer semestre de este año. La mayoría de estos ataques involucraron el uso de minas antipersonales, municiones sin explosionar y artefactos explosivos improvisa, afectando tanto las escuelas como las rutas hacia ellas.

Estas acciones han sido firmemente condenadas por el Ejército, que reiteró su rechazo al uso indiscriminado de explosivos, el cual mantiene en constante peligro la vida de quienes residen en el suroccidente colombiano.

Las fuerzas castrenses, además, destacaron la importancia de la colaboración comunitaria para la detección y reporte de estos peligros, subrayando su compromiso en la protección de la población civil y la seguridad de las instalaciones educativas en zonas de conflicto.

Colombia busca una nueva prórroga para el desmantelamiento de minas antipersonales, enfrentando nuevamente la problemática tras no cumplir con el compromiso inicial adquirido hace más de dos décadas. Estos explosivos siguen presentes en más del 20% del territorio colombiano. A pesar de las estrategias implementadas, los esfuerzos no han sido suficientes para limpiar el país de estos peligrosos artefactos.

El compromiso de erradicación de minas fue adquirido en 1997 mediante la firma del Tratado de Ottawa, que prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales. Inicialmente, el país debía cumplir con este objetivo para el 1 de marzo de 2011.

Sin embargo, para esa fecha, las estadísticas mostraban que aproximadamente el 65% de los municipios estaban afectados, lo que llevó a solicitar una extensión hasta 2021. Al no cumplir con este nuevo plazo, Colombia está en proceso de buscar otra prórroga.

La firma del acuerdo de paz en 2016 entre el Estado colombiano y las Farc-ep generó esperanzas de mejorar las condiciones de seguridad en las zonas más afectadas por la violencia. Sin embargo, la presencia de otros grupos armados y la reincidencia de desmovilizados complicaron el proceso de desminado.

Durante años, la violencia atribuida a guerrilleros y paramilitares incrementó el uso de minas como estrategia de guerra. La proximidad del plazo de 2011 y la vasta extensión de áreas afectadas llevaron a solicitar una nueva prórroga debido a la persistente problemática. Las campañas de desminado, aunque incesantes, no han logrado erradicar los explosivos de manera efectiva.

Además del riesgo directo que representan, las minas antipersonales han generado una prolongada sensación de inseguridad en diversas regiones. Los esfuerzos para neutralizarlas incluyen tanto iniciativas gubernamentales como colaboraciones con organizaciones internacionales especializadas en la eliminación de minas.

La educación sobre los riesgos y la remoción efectiva son los pilares principales de estas acciones. No obstante, los analistas advierten que el proceso de eliminación de minas es largo y costoso, requiriendo medidas más efectivas y sostenibles. Las autoridades colombianas continúan enfrentando retos significativos para limpiar el territorio, especialmente en zonas rurales que aún están en riesgo.