A pesar de las denuncias sobre fraude en certificaciones de altura en Colombia, el Ministerio de Trabajo no habría regulado estos documentos

Una denuncia de varios gremios de entrenadores para el trabajo en alturas ha sacado a la luz la grave situación de proliferación de certificados falsos en Colombia.

El 18 de agosto, representantes de estos gremios enviaron un comunicado al Ministerio del Trabajo, con pruebas de esta irregularidad, exigiendo respuestas y una acción efectiva de las autoridades.

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Según Semana, los firmantes incluyen a Héctor Mauricio Muñoz Rodríguez, Wilmer Ardila, Néstor Bustamante, Juan Pablo Valencia, Rubén Guevara y Francisco Bermúdez, quienes lideran los gremios en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

En la investigación realizada por el medio ya citado, la expedición de certificados falsos para trabajos en alturas, una actividad que incluye construcción y mantenimiento de torres de telecomunicaciones, ha incrementado, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores.

Estos certificados, que deberían ser expedidos únicamente por centros de entrenamiento aprobados por el Ministerio del Trabajo, están siendo vendidos sin la debida formación, señaló Juan Pablo Valencia, vocero de los centros denunciantes, al medio mencionado.

Valencia detalló a Semana que existen distintos niveles de formación dependientes del tipo de certificación requerida. El entrenamiento básico dura cuatro días y tiene un costo de alrededor de 180.000 pesos, pero se ha reportado que algunos centros lo venden por tan solo 50.000 pesos sin ofrecer la formación adecuada. Del mismo modo, el reentrenamiento de ocho horas, que cuesta aproximadamente 100.000 pesos en condiciones normales, se estaría vendiendo por unos 30.000 pesos.

El inspector de Trabajo y Seguridad Social Pedro Ruiz, quien realiza inspecciones en estos centros, ha confirmado haber encontrado numerosas irregularidades. Ruiz explicó a la fuente citada que, al encontrar pruebas de irregularidades, los centros de formación son suspendidos. Sin embargo, en ocasiones la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, encabezada por Judy Viviana Caldas, los vuelve a habilitar.

A raíz de estas acciones y la supuesta inacción del Ministerio, se genera una situación de riesgo. Las vidas de los trabajadores se ven comprometidas, ya que los certificados no garantizan las competencias necesarias para trabajar en alturas. Además, Ruiz mencionó que el Ministerio ha sido notificado varias veces sobre estas irregularidades, pero las soluciones no han sido implementadas de manera efectiva.

En este contexto, la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez también ha sido objeto de críticas. Según los denunciantes, incluso tras recibir múltiples alertas y pruebas, no se han visto acciones contundentes por parte del Ministerio.

Este vacío en la regulación y supervisión efectiva ha llevado a los representantes de los gremios a solicitar que el Ministerio se haga responsable de las investigaciones y no delegue esta tarea a los centros de entrenamiento, quienes acudieron a la Fiscalía General de la Nación.

Las empresas demandan que se revisten los exámenes médicos y las horas de formación que deben acreditar los trabajadores. Esto, aseguran, es esencial para evitar accidentes como el ocurrido en el puente en construcción de Chirajara, donde murió un trabajador por no estar adecuadamente asegurado.

El medio mencionado contactó a la directora de Movilidad, Judy Viviana Caldas, quien reafirmó que las auditorías y visitas a los centros de entrenamiento son constantes. Argumentó que la habilitación de un centro de aprendizaje en Villavicencio respondía a fallos judiciales y explicó que los retrasos en pagos a funcionarios como Pedro Ruiz se debieron a la huelga en el Ministerio y a indicaciones de la Procuraduría y Contraloría.

Las muertes asociadas al trabajo alcanzaron su punto más alto según el más reciente Informe de Siniestralidad Laboral 2023 publicado por el Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Colombiano de Seguridad.

Un total de 694 muertes fueron registradas durante el año, lo que representa una tasa de 5,88 muertes por cada 100.000 trabajadores, la más elevada desde 2017. En comparación con 2022, esto significa un aumento significativo del 31,9%.

El análisis revela que 681 de estos fallecimientos fueron resultado de accidentes laborales, mientras que solo 13 se debieron a enfermedades de origen laboral. Esto señala un incremento del 37,0% en muertes por accidentes y una reducción del 55,2% en los casos por enfermedad laboral respecto al año anterior.

Entre los sectores más afectados destacan Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social, Construcción y Explotación de minas y canteras. Específicamente, el sector minero presentó una tasa de mortalidad diez veces superior a la tasa nacional con 57,77 muertes por cada 100.000 trabajadores.