Pastrana, Uribe, Duque y 28 exmandatarios más pidieron la “captura inmediata” de Nicolás Maduro: “Comprometidos con la democracia en todo nuestro continente”

Un grupo de 31 exmandatarios de Iberoamérica le solicitó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) la captura inmediata de Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela, así como de Diosdado Cabello y otros integrantes de la cadena de mando del país.

Esta petición, detallada en un informe jurídico de seis páginas, se enmarca en acusaciones de crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado.

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Andrés Pastrana, expresidente colombiano, quien presentó el documento en nombre de los firmantes, destacó que esta es la primera vez que tantos jefes de Estado iberoamericanos se unen para solicitar la captura de Maduro y sus colaboradores más cercanos.

Entre los firmantes figuran personalidades como los españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy; los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque; el argentino Mauricio Macri, el mexicano Vicente Fox y el boliviano Carlos Mesa.

“Más de 30 expresidentes de América Latina y España, reunidos en el Grupo Idea, Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas, estamos decididamente comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la democracia en todo nuestro continente. Este es un deber moral y un compromiso guiado por nuestras convicciones democráticas. Hoy, presentamos ante la Corte Penal Internacional, aquí en La Haya, un claro documento que demuestra cómo Venezuela es un estado militar represor que ejerce el terrorismo de Estado. Esto implica a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, quienes dirigen las acciones que son consideradas como terrorismo de Estado, calificadas como tal por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, fueron las declaraciones que el expresidente colombiano compartió en su cuenta oficial de X.

El informe presentado al Fiscal Karim Khan subraya las violaciones sistemáticas de derechos humanos ocurridas tanto antes como después de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Estas acciones son catalogadas como prácticas de “terrorismo de Estado”. Asimismo, los firmantes subrayan la responsabilidad directa de Nicolás Maduro en estos crímenes.

Blas Jesús Imbroda, abogado penalista español, explicó que el informe jurídico sostiene que Maduro, en su rol de comandante en jefe y presidente, es el máximo responsable de las políticas represivas del Estado venezolano. Este régimen militar es visto como el verdadero dueño de los poderes del Estado y de las riquezas económicas del país, emulando en cierta medida las dictaduras del Cono Sur latinoamericano en el pasado.

Siendo las 6:14 a. m. del 6 de septiembre, Andrés Pastrana compartió un vídeo en el que continuó afirmando que: “Hoy le solicitamos al fiscal de la Corte Penal Internacional su urgente intervención para que los máximos responsables de estos delitos de lesa humanidad sean objeto de las medidas del caso por parte de la Corte Penal Internacional. Cumplida la fase previa, es solicitada la captura y la detención de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, al igual que toda la cadena de mando”.

En noviembre de 2021, la CPI abrió una investigación formal contra Venezuela, basada en denuncias de varios países latinoamericanos y Canadá, que apuntaban a la comisión de crímenes de lesa humanidad desde 2014. La Fiscalía, según un comunicado distribuido en agosto, sigue monitoreando activamente la situación tras las elecciones presidenciales, recibiendo múltiples informes de casos de violencia y otras denuncias.

El fiscal Karim Khan ha enfatizado la importancia de garantizar el respeto al estado de derecho y la protección de todas las personas frente a violaciones que puedan constituir crímenes conforme al Estatuto de Roma. Aunque la investigación de la CPI está dirigida contra el régimen de Venezuela, aún no se ha formalizado a nivel de altos cargos específicos del país.

La presión internacional para que se tomen acciones concretas contra el régimen de Maduro, tal como lo solicitaron los 31 exmandatarios, sigue intensificándose.

Finalizando sus declaraciones, Pastrana recordó el Estatuto de Roma señalando la situación sociopolítica de Venezuela: “Bien dice el Estatuto de Roma en sus considerandos que: ‘en este siglo millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad’ y que ‘los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedarse sin castigo’. Según estos principios, consideramos urgente la intervención de la Corte Penal Internacional en el caso de Venezuela y los graves delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado militarista de Venezuela”.

El Grupo Idea hace un llamado urgente a la CPI para que, además de sancionar a los miembros responsables en la cadena de mando, despliegue mecanismos preventivos que detengan la creciente ola de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Las denuncias incluyen actos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual.

El expresidente Iván Duque, compartió en su cuenta de x, antes Twitter, que “Treinta y un ex jefes de Estado y de Gobierno que integramos el @IDEA_Grupo informamos a la @CourPenaleIntsobre las responsabilidades de las unidades operacionales de la Fuerza Armada Bolivariana, al mando del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, por delitos de lesa humanidad, incluida la orden de detención contra el presidente electo de Venezuela, @EdmundoGU. Venezuela es una República militar represora y practicante del terrorismo de Estado”.