Consejo de Estado admite demanda en contra del presidente Petro por presuntamente ‘incitar al odio’ en declaraciones públicas

El pasado 26 de agosto, el presidente Gustavo Petro fue denunciado ante la Comisión de Acusación por el presunto delito de incitación al odio.

Esta acción legal fue presentada por Josias Fiesco, activista del Centro Democrático, quien argumentó que las declaraciones del mandatario contra quienes lo critican, especialmente aquellos que corean “fuera Petro”, promueven la estigmatización desde la Casa de Nariño hacia aquellos que no apoyan sus políticas.

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Fiesco también presentó una tutela ante el Consejo de Estado (que fue admitida) solicitando que el presidente se retracte en un plazo de 15 días, haciendo alusión a las sentencias T-391 de 2007 de la Corte Constitucional y SP2685 de 2020 de la Corte Suprema de Justicia. Según Fiesco, las afirmaciones de Petro, en las que calificó a algunos manifestantes como “asesinos”, violan el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente.

El activista subrayó que Colombia sigue siendo una democracia, y las críticas hacia el gobierno no deberían ser respondidas con señalamientos por parte del presidente.

El Consejo de Estado admitió la tutela presentada por Fiesco, y la magistrada Stella Janeth Carvajal ordenó a la Presidencia de la República que responda en un plazo de dos días a las exigencias de retractación.

En su fallo, la magistrada instruyó que “se informe a la parte demandada que en el término de dos días, por el medio más expedito, puede rendir informe sobre los hechos y las pretensiones objeto de la presente acción”.

En reacción a esta decisión, Fiesco expresó su satisfacción y reiteró su crítica hacia la gestión del Gobierno de Petro, destacando el malestar social que se ha reflejado en recientes protestas. El activista mencionó la crisis económica, el paro camionero y el aumento del costo de vida como factores que han impulsado a los ciudadanos a las calles para expresar su indignación.

Señaló que, a diferencia de otras protestas, las actuales marchas no han obstaculizado servicios esenciales ni han recurrido a la violencia.

La controversia se originó luego de que el presidente Petro, durante una intervención en la Asamblea Nacional de la Colombia Humana, hiciera una serie de comentarios en los que describió a aquellos que piden su salida del poder como “ricos” y “asesinos”.

Petro afirmó que quienes lo critican, especialmente los que gritan “fuera Petro”, están reproduciendo el mismo discurso que se utilizó para justificar la violencia contra los militantes de la Unión Patriótica, un partido político colombiano que sufrió una campaña de exterminio en las décadas pasadas.

Las palabras del presidente causaron revuelo en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su rechazo por las palabras utilizada. Algunos críticos de Petro consideran que sus declaraciones dividen aún más al país y generan un ambiente de polarización.

Sin embargo, el mandatario también contó con el respaldo de sectores que comparten su visión crítica hacia la élite económica del país, a quienes acusa de resistirse a los cambios que su gobierno promueve.

El debate en torno a estas declaraciones ha aumentado la tensión política en el país, y la oposición ha anunciado una movilización para el 22 de septiembre, con el objetivo de protestar contra las políticas del Gobierno de Petro.