En medio de las tensiones políticas, el descontento sigue aumentando en el Congreso de la República, particularmente en relación con las reformas sociales que el Gobierno tiene la responsabilidad de tramitar. Estas reformas son un compromiso derivado de las promesas de campaña realizadas por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, además de las críticas hacia el contenido de estas reformas, los congresistas también expresaron su insatisfacción ante la falta de consenso y la dificultad para llegar a acuerdos que permitan avanzar en estos proyectos.
En este contexto, durante el noveno congreso de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que reunió a más de 2.500 empresarios de todo el país, se discutió la postura de varios sectores frente a las iniciativas legislativas del Gobierno.
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Los empresarios manifestaron que mantendrán su oposición a varias de las reformas en curso, especialmente aquellas que consideran problemáticas para el desarrollo económico del país. Esta resistencia empresarial refleja la creciente preocupación de varios sectores que temen que las reformas puedan afectar negativamente la estabilidad de sectores clave como la salud y el trabajo.
Uno de los puntos más debatidos fue la reforma del sistema de salud, tema que generó reacciones contundentes entre los legisladores. Norma Hurtado, por ejemplo, destacó que “tenemos que resolver el hoy para poder tramitar una modificación al sistema”, refiriéndose al hecho de que el actual estado de los servicios de salud en Colombia no permite hablar de una reforma sin antes mejorar la calidad y eficiencia del sistema. Hurtado señaló que, en lugar de proponer una reforma inmediata, el Gobierno debería concentrarse en resolver los problemas actuales del sistema de salud, que está cada vez más asfixiado.
En otra intervención, la congresista Catherine Juvinao expresó su frustración ante las propuestas del Gobierno, argumentando que la nueva reforma de salud no ofrece soluciones novedosas. Según Juvinao, “la mala noticia es que la nueva propuesta es más de lo mismo”, criticando la intención del Gobierno de eliminar la intermediación financiera en el sector salud para sustituirla por una “intermediación politiquera”.
Además de la reforma sanitaria, otros proyectos de ley generaron intensos debates. Katherine Miranda, representante a la Cámara, adelantó que en la segunda semana se presentará una solicitud formal para archivar la reforma laboral. Esta reforma, que fue fuertemente criticada, no logró el consenso necesario, y según Miranda, podría violar convenios internacionales establecidos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La congresista explicó que, a pesar de que más del 80% del empleo en Colombia proviene del sector privado, este no fue debidamente consultado en el proceso de reforma.
El tema tributario también ocupó un lugar importante en las discusiones del Congreso. El senador Miguel Uribe planteó que la nueva reforma tributaria que el Ejecutivo pretende radicar no es necesaria, alegando que el Gobierno ya cuenta con suficientes recursos. Uribe criticó la gestión de estos recursos, afirmando que “este gobierno ha tenido muchos recursos y no los maneja de forma eficiente”. Además, resaltó su preocupación por el incremento en los gastos de funcionamiento, un fenómeno que coincide con un aumento en los contratos de prestación de servicios en el sector público.
Finalmente, en el marco del debate sobre la reforma pensional, los congresistas manifestaron su preocupación por lo que puede ocurrir tras la reciente aprobación de esta iniciativa en el Congreso. Aunque fue aprobada, se estima que la Corte Constitucional podría devolverla debido a posibles inconsistencias.
A pesar de reconocer que “tenía algunas cosas buenas”, Juvinao señaló que los problemas estructurales del país no se abordaron adecuadamente, lo que llevará a que “los colombianos quedarán con las mismas necesidades”.