Colombia prepara proyecto para desarrollar la pesca turística en el país: de qué se trata

En 2022, la Corte Constitucional de Colombia, por medio de la sentencia C-148 de 2022, prohibió la pesca deportiva, ante los aparentes impactos ambientales que la práctica no regulada traía a ecosistemas y a los seres vivos con la práctica de atrapar y luego liberarlos.

En su momento, la decisión que generó un intenso debate en todo el país de cara a al embudo que se creó con la actividad pesquera, incluso, en los municipios que dependían de la pesca como actividad turística, de acuerdo con El Espectador.

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En ese sentido, un grupo de congresistas presentó en 2023 un proyecto de ley con el objetivo de introducir una nueva clasificación: la pesca turística. La cuestión es que la iniciativa, que ya ha superado varios debates en el Congreso y cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura y se centra en promover la actividad recreativa de pesca con un compromiso de sostenibilidad ambiental y beneficios económicos para las comunidades locales.

El artículo 1 de la propuesta indica que su objeto es “crear y definir la pesca de turismo en Colombia, con el fin de diversificar la actividad pesquera y establecer su marco normativo, en aras de promover el desarrollo económico, social y sostenible del país”, como reza el proyecto de ley No. 281 de 2023.

El proyecto de ley define la pesca de turismo como una práctica enfocada en promover actividades culturales y el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.

Las zonas seleccionadas para esta actividad suelen ser apartadas y no cuentan con economías competitivas, lo que hace que la pesca turística sea vista como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las comunidades marginadas al generar ingresos, reducir la pobreza y asegurar la seguridad alimentaria.

Una de las pretensiones más importantes de este proyecto es la modificación de la clasificación de los tipos de pesca que fueron definidas en el artículo 273 del Decreto Ley 2811 de 1974.

En la nueva categorización proponen añadir el tipo de pesca enfatizada en el turismo “o sea, la que se realiza con el fin de promover la actividad turística, de aprovechamiento sostenible y fomento de la cultura. Todas las actividades de pesca de turismo deberán cumplir con las disposiciones ambientales definidas por la ley”.

En especial, debido a que los grandes afectados fueron los pequeños pescadores tras la decisión de la Corte dos años atrás. Un análisis de la plataforma Agenda del Mar citó a uno de los más prominentes practicantes de la avtividad deportiva, Carlos Esteban Restrepo, que dijo: “Quiénes son los grandes afectados?, pues los operadores y las comunidades, claramente”.

De hecho, en zonas como Bahía Solano y Puerto Inírida, la actividad es una fuente económica importante, con 75% de ingresos en la primero y hasta 90% en la segunda. Apenas se emitió la sentencia de la Corte, Pesquisa Javeriana emitió un estudio sobre el impacto de la medida en algunas comunidades. Allí se citó al presidente de la Asociación de Piscicultura y Pesca, que detalló que en el país, al menos “100.000 familias subsisten gracias a la pesca deportiva (...) La corte también desconoció el beneficio de esta actividad para los ecosistemas”.

Además, el Instituto Humboldt destacó que para 2019 la pesca deportiva se practicaba en el 80% de los departamentos de Colombia, con mayor frecuencia en las aguas de Vichada, Guanía, Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Santander, Sucre y Valle del Cauca.

Así, “la pesca deportiva es una oportunidad de desarrollo para las comunidades locales de diferentes regiones del país”. Sin embargo, el reto está en que la actividad “requiere un conocimiento disponible que asegure su disponibilidad”, como indicó el Instituto Humboldt.

Con la nueva categoría de pesca de turismo, se busca permitir la captura de peces para devolverlos a su hábitat o para el consumo personal, siempre y cuando no sean comercializados ni tasladados a un hábitat diferente al de su extracción.

No obstante, el proyecto deberá superar diversos obstáculos antes de convertirse en ley. Uno de los retos más prominentes es demostrar su constitucionalidad, especialmente después de que la Corte Constitucional prohibiera la pesca deportiva.

El proyecto también debe demostrar la sostenibilidad. Citado por El Espectador, el Ministerio de Agricultura aseveró que todas las actividades de pesca de turismo deberán cumplir con estudios técnicos previos que aseguren que las poblaciones de peces no disminuirán, así como con regulaciones que incluyan las artes y métodos de pesca permitidos, las temporadas y zonas exclusivas para estas actividades, y otros requisitos ambientales y socioeconómicos.

En cuanto a las preocupaciones ambientales, Karen Mejía, directora de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), declaró al medio que aunque es indiscutible que la actividad pesquera tiene un impacto sobre los ecosistemas, este puede mitigarse con medidas adecuadas que garanticen un uso sostenible de los recursos.