Corte Constitucional está a punto de tumbar impuesto que dejaría en serios problemas las finanzas de los colombianos

El impuesto al patrimonio en Colombia se aplica sobre aquellos patrimonios líquidos que superan las 72.000 unidades de valores tributario (UVT), es decir, $3.388.680.000 a partir del 1 de enero de cada año. Este gravamen, explicó el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, toma en cuenta el valor neto de los activos, restando las deudas correspondientes para su cálculo.

Además, la permanencia de este impuesto es clave para la construcción de justicia y equidad fiscal. El mismo tomó relevancia en los últimos días porque sería modificado en la nueva reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro que será presentado en las próximas semanas al Congreso de la República y buscará recaudar $12 billones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Este tributo no es nuevo en el sistema fiscal colombiano. Fue instaurado por primera vez en 1935 mediante la Ley 78, que reformó las disposiciones vigentes del impuesto sobre la renta, se aumenta la tarifa, se establecen unos impuestos adicionales y se suprimen otros. Se estableció como complemento del impuesto sobre la renta, y su objetivo principal era aliviar a los patrimonios más pequeños con tarifas progresivas del 1 por 1.000 al 8 por 1.000.

De acuerdo con el Observatorio Fiscal, “este impuesto, como complementario al de renta, desapareció en 1992, pero desde 2003 ha sido retomado en el país como un tributo independiente”.

Asimismo, recordó que, en la actualidad, la Corte Constitucional está en medio de un empate en sus votaciones para determinar la constitucionalidad de este gravamen, lo que deja el tributo en un estado de incertidumbre. Aun así, el mismo destacó la importancia de este impuesto para las finanzas públicas, por lo que señaló que “ha reportado más de $20 billones al fisco colombiano en los últimos diez años”, según datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Estos ingresos se destinan a sectores como salud, educación e infraestructura.

El impuesto al patrimonio, a diferencia de años anteriores, ahora es de carácter permanente acorde al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2023. La reforma tributaria de 2022 busca un propósito redistributivo incrementado la tasa efectiva de tributación (porcentaje de las utilidades que se destina al pago de impuestos) de los contribuyentes de altos ingresos, tradicionalmente beneficiados con ciertos privilegios tributarios.

Según el MFMP, “la estructura de tarifas marginales mejora la equidad vertical del impuesto dado que incrementa la contribución de los patrimonios de mayor valor”. La reforma reciente ajustó las proyecciones de recaudación fiscal para este impuesto, siendo de aproximadamente el 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a $1,5 billones anuales.

La cifra fue ajustada por el Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de junio de 2023, por lo que indicó posibles ingresos de $1,3 billones en 2024 y $1,53 billones anuales entre 2025 y 2035. Esto, aunque modesto comparado con otros impuestos como el IVA, permite inversiones fundamentales en sectores de baja capacidad contributiva.

“Este impuesto equivale a los recursos necesarios para sacar de la pobreza extrema a más de 450.000 colombianos por todo un año“, indicó el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. A pesar de que la carga impositiva recae sobre un número relativamente pequeño de contribuyentes – unas 32.000 personas naturales frente a los 5,5 millones de declarantes de renta en 2022 – su contribución es significativa.

El impuesto al patrimonio también es común en otras naciones como Francia, España, Argentina y Brasil, con tarifas entre el 0,5% y el 3,5%. El observatorio señaló que, en la actualidad, en Europa se discute una iniciativa para gravar los patrimonios de los “superricos” con un mínimo del 2%, lo que podría generar ingresos por aproximadamente 250.000 millones de euros ($1,156 trillones).

Sin embargo, no todo es favorable. La crítica principal a este impuesto se centra en el potencial disuasorio para la inversión. Algunos analistas expresan que la alta dependencia del impuesto sobre la renta junto con el impuesto al patrimonio puede disuadir tanto a inversores nacionales como extranjeros.

“Si el gravamen es demasiado alto, podría disuadir a los inversionistas, ya sean nuevos o aquellos que piensan en una expansión para sus compañías”, advirtió el centro de análisis. No obstante, se espera que el esquema de tarifas marginales introducido en la nueva reforma ayude a mitigar este riesgo.