Auxiliar del Inpec fue capturado ingresando cocaína a la cárcel de Riohacha: fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría

Luis Carlos Maestre Jiménez, a quien se le detectó una posesión de cocaína al ingresar a la cárcel de la capital de La Guajira, también enfrenta cargos en Valledupar

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El auxiliar bachiller del Inpec Luis Carlos Maestre Jiménez fue sorprendido con cocaína en el bolsillo de su porta celular en cárcel de Riohacha - crédito Inpec
El auxiliar bachiller del Inpec Luis Carlos Maestre Jiménez fue sorprendido con cocaína en el bolsillo de su porta celular en cárcel de Riohacha - crédito Inpec

Luis Carlos Maestre Jiménez, un auxiliar bachiller que estaba prestando su servicio militar obligatorio en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), enfrenta graves acusaciones tras ser sorprendido con cocaína en la cárcel de Riohacha, La Guajira.

Según informaron las autoridades, el incidente ocurrió el 15 de enero de 2023, cuando Maestre Jiménez intentó introducir 117 gramos de cocaína escondidos en el bolsillo de su porta celular.

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“Pretendía ingresar a la parte interna 116 gramos de una sustancia pulverulenta color hueso con características similares a la cocaína, es puesto a disposición de las autoridades competentes”, dijeron las autoridades en el momento de la captura.

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a Maestre Jiménez por once años, calificando su conducta como una transgresión gravísima a sus deberes. El ente de control destacó que este comportamiento no solo vulnera la seguridad del centro carcelario, sino que además exacerba la dependencia de drogas entre los reclusos y crea un ambiente de inseguridad.

El auxiliar bachiller del Inpec, Luis Carlos Maestre Jiménez, fue sorprendido con cocaína en el bolsillo de su porta celular en 2023 - crédito Inpec/Instagram
El auxiliar bachiller del Inpec, Luis Carlos Maestre Jiménez, fue sorprendido con cocaína en el bolsillo de su porta celular en 2023 - crédito Inpec/Instagram

La conducta del auxiliar Bachiller del Inpec llevó a una “transgresión a sus deberes, y generó un escenario de vulnerabilidad e inseguridad para los detenidos, pues propiciaba una mayor dependencia de esta población en las drogas y, además, el quebrantamiento de las condiciones de seguridad en los establecimientos de reclusión”, según indicó el Ministerio Público.

El caso sigue en proceso mediante dos vías: una judicial y otra disciplinaria. En el ámbito judicial, Maestre Jiménez fue presentado ante el juez primero penal municipal de Riohacha y se le impuso una medida de aseguramiento de detención preventiva en su domicilio en la ciudad de Valledupar. Los cargos formulados contra Luis Carlos Maestre incluyen tráfico, fabricación o puerta de estupefacientes agravado.

En el proceso disciplinario, la Procuraduría resalta que Maestre Jiménez infringió de manera intencional los mandatos legales al intentar introducir drogas en el centro penitenciario. Esta acción ha sido vista como una grave violación de la seguridad interna del establecimiento.

El auxiliar Bachiller deberá afrontar cargos penales después de ser destituido e inhabilitado por la Porcuraduría - crédito Colprensa
El auxiliar Bachiller deberá afrontar cargos penales después de ser destituido e inhabilitado por la Porcuraduría - crédito Colprensa

Las autoridades han explicado que la droga descubierta durante la inspección a Maestre Jiménez fue una sustancia pulverulenta color hueso, similar a la cocaína . El involucrado mostró signos de nerviosismo durante la solicitud, lo que llevó a una inspección más minuciosa del porta celular donde se encontró la droga.

Ante el fallo de primera instancia emitida por la Procuraduría General de la Nación, se mencionó que procederá el recurso de apelación ante la Procuraduría Delegada de Juzgamiento Disciplinario.

Hasta la fecha, Maestre Jiménez permanece bajo custodia de la Policía Nacional mientras se adelantan las investigaciones pertinentes para oficializar su captura y la imputación de cargos correspondientes. Este caso pone nuevamente en el foco los problemas de seguridad y corrupción al interior del Inpec.

Exalcalde de Riohacha fue destituido e inhabilitado por 12 años por irregularidades en contrataciones públicas

Exalcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación - crédito Procuraduría General de la Nación
Exalcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación - crédito Procuraduría General de la Nación

José Ramiro Bermúdez Cotes, exalcalde de Riohacha, fue destituido e inhabilitado por 12 años debido a irregularidades en la contratación de obras públicas. Así lo calculará la Procuraduría General de la Nación en una resolución que también afecta a otros funcionarios del municipio.

La Procuraduría halló que tanto Bermúdez como Keider Agustín Freyle Sarmiento, exsecretario de Infraestructura y Servicios Públicos, no detallaron adecuadamente el plan de obras de mantenimiento y programación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado sanitario en Riohacha. Esto involucraba a la empresa Aqualia SAS ESP, contratista a carga de la ejecución.

El contrato en cuestión se relaciona con la licitación pública No. LP-008-2022 , cuyo objeto era el mantenimiento de la infraestructura de servicios de acueducto y alcantarillado en el área urbana y rural de Riohacha. Según el fallo de la Procuraduría, los procedimientos precontractuales no fueron llevados a cabo con la debida diligencia y análisis, omitiendo áreas críticas de prestación de servicios, especialmente en la zona rural.

Junto a Bermúdez y Freyle, la medida disciplinaria alcanza a Ronald Neil Pérez Ojeda , exdirector de Contratación, y Edén Eli Moscote Roys , extesorero general de Riohacha. Estos últimos fueron parte activa y evaluaron las propuestas en el comité designado mediante la Resolución No. 1577 de diciembre de 2022 , respaldando la adjudicación del contrato a Promesa de Sociedad Futura Aqualia Riohacha.

La Procuraduría General de la Nación ha dejado claro que sus decisiones se basan en la participación de estos funcionarios en la fase precontractual y en la falta de detalle y análisis en el proceso contractual con Aqualia. Esto incluye la omisión de un análisis profundo sobre la prestación de servicios públicos en las áreas rurales, un punto clave señalado en la evaluación.

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