JEP ordenó gestionar con Estados Unidos la desclasificación de archivos sobre la toma del Palacio de Justicia

La Sala Dual de la Sección de Primera Instancia para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores informar y adelantar las gestiones diplomáticas necesarias para que el Gobierno de Estados Unidos desclasifique archivos reservados relacionados con la toma del Palacio de Justicia. La solicitud la hizo Helena Urán Bidegain, hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, que fue asesinado durante la toma y retoma del Palacio (6 y 7 de noviembre de 1985).

“La decisión se tomó en el marco de la medida cautelar que estudia la magistratura para proteger la Casa del Florero, las Caballerizas del Cantón Norte y el cementerio del Sur”, detalló la JEP en un comunicado.

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Helena Urán explicó a la JEP que está buscando hacer una resignificación de los lugares de memoria histórica que requieren protección y conservación, en aras de garantizar procesos restaurativos y los duelos que deban hacer quienes se vieron afectados por los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia.

El 16 de noviembre de 2023, durante una audiencia pública, la JEP ya había ordenado al Ministerio de Relaciones Exteriores adelantar las diligencias diplomáticas necesarias para que Estados Unidos desclasifique archivos de reserva. La decisión quedó registrada en el Auto SAR-AT-492 de diciembre 13 de 2023 y debidamente notificada el 19 de diciembre, sin recibir ningún recurso por parte de la cartera. Para enero de 2024, la Sala Dual no había recibido respuesta.

Entonces, solicitó al ministerio enviar un informe al respecto en un plazo de 10 días. La cartera contestó indicando que la Embajada de Colombia en los Estados Unidos de América fue notificada el 8 de febrero de 2024, pero que los términos para adelantar el proceso con el país no involucran a Colombia.

“Resulta imperioso recordar que, en virtud de los principios de voluntariedad y soberanía de los Estados, esta Cartera Ministerial carece de injerencia en cuanto a los términos que tienen las autoridades norteamericanas para llevar a cabo las diligencias solicitadas o para dar una respuesta sobre las mismas”, detalla el auto del tribunal.

La Sala Dual de la JEP indicó, en todo caso, que la cartera debe rendir un informe sobre las labores que hasta el momento se han adelantado sobre la solicitud, independientemente de los tiempos que maneje el Gobierno estadounidense. Dicho informe no ha sido presentado hasta ahora, según el tribunal de paz. Por eso, la JEP ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores remitir dicho informe en un término de 10 días.

“La Cancillería colombiana en el marco de la cooperación internacional establecida con el Gobierno de EE. UU. debe promover y garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos y de las víctimas del conflicto armado, determinando los mejores mecanismos y prácticas en aras del proceso de desclasificación de archivos, en este caso, los referentes a los hechos acaecidos en el Palacio de Justicia, con el propósito de esclarecer la verdad y de reconstruir la memoria histórica de la sociedad colombiana”, precisó la el tribunal de paz.

De acuerdo con el Consejo de Estado, el 6 de noviembre de 1985, entre las 10:30 a. m. y las 11:00 a. m., siete integrantes de la extinta guerrilla M-19 irrumpió en el Palacio de Justicia. Hubo disparos, incendios, y enfrentamientos con la fuerza pública.

Los hechos derivaron en el asesinato de 94 personas, de las cuales, 68 fueron identificadas y solo 54 cuerpos fueron entregados a sus familiares. Entre los cadáveres se identificaron 33 con quemaduras, de los cuales, 10 eran de personas que trabajaban en el Palacio de Justicia. Además, al menos 12 personas desaparecieron.