Cuatro días después de que el juez 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá ordenara recluir al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) Olmedo López en una guarnición militar de la capital, finalmente fue trasladado.
Así lo confirmó su abogado defensor, José Moreno, a través de un comunicado en el que señaló que el exdirector ya se encuentra recluido en el Batallón Caldas, a pesar de los retrasos del Inpec para trasladarlo desde la estación de Policía de los Mártires.
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“Hemos visitado hace una hora al señor Olmedo López, verificando que se le respeten sus derechos y sus garantías y esperamos que se sigan garantizando sus derechos”, señaló el abogado en su cuenta de X.
Asimismo, el defensor aseguró que al exdirector de la Ungrd se le han vulnerado sus derechos, además acusar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) de violar la orden judicial emitida desde el 31 de agosto de 2024, que exigió el traslado de López en un plazo no superior a las 36 horas.
“Queremos manifestar a la opinión pública que nos encontrábamos muy preocupados por la integridad física del señor Olmedo López, toda vez que desde el sábado no teníamos comunicación con nuestro cliente en donde se le impuso una mirada de aseguramiento en un centro de reclusión militar y que tenía que ser trasladado dentro de las 36 horas siguientes a la terminación de la audiencia”, comentó Moreno.
Entretanto, la defensa de Olmedo López señaló que el exdirector de la Ungrd seguirá colaborando con la justicia para resolver el entramado de corrupción que se vivió dentro de la entidad de emergencias del Gobierno nacional. “Nuestro defendido nos manifestó que sigue con la firme convicción de colaborar con la justicia para que colombianos sepan toda la verdad”, señaló Moreno.
Además, López deberá permanecer en el Batallón Caldas mientras se resuelve su situación legal tras enfrentarse a la acusación por cinco delitos debido a su presunta participación en actividades ilegales para desviar recursos del Estado.
No se sabe nada de Sneyder Pinilla y de Luis Eduardo López
La orden de reclusión también abarca al exsubdirector de la Unidad, Sneyder Pinilla, y al contratista Luis Eduardo López, cuyos traslados aún no se han concretado debido a que se encontraban a la espera de ser reseñados por las autoridades durante el fin de semana.
Tanto Olmedo López como Sneyder Pinilla buscan negociar beneficios judiciales que les permitan una reducción en sus penas, ofreciendo a cambio su testimonio sobre otros involucrados en el escándalo de contratos irregulares en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
En los interrogatorios, López y Pinilla han mencionado a diversos funcionarios de alto nivel del Gobierno y a congresistas que supuestamente se beneficiaron con los contratos o dieron instrucciones para su asignación. Entre los nombres señalados están Sandra Ortiz, Carlos Ramón González, Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco, César Manrique, Iván Name, Andrés Calle y Wadith Manzur. Todos ellos han declarado su inocencia y algunos han acudido a las autoridades para aclarar sus versiones, las cuales están siendo investigadas por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.
Esta investigación se encuentra en una segunda fase de imputaciones que planea incluir a exfuncionarios de la Ungrd como Luis Carlos Barreto y Pedro Rodríguez Melo. Según el ente acusador, los investigadores ya están trabajando en esta etapa para determinar las responsabilidades de estas personas y otros posibles implicados.
Asimismo, la exasesora para las Regiones Sandra Ortiz estaría pronta a someterse a una imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación, después de que evadiera a la citación a interrogatorio que, por razones de salud, fue aplazada en dos oportunidades.
Sin embargo, la exfuncionaria del Gobierno Petro fue citada nuevamente para el 2 de septiembre para responder por las supuestas coimas que le entregó al senador Iván Name y, sin razones aparentes, decidió ausentarse en el búnker de la Fiscalía, a pesar de la advertencia que había recibido del ente acusador.