No es la primera vez que Colombia se enfrenta a un paro de transportadores como mecanismo de protesta por decisiones financieras tomadas desde el Ejecutivo.
Ese es el tema principal de conversación en todo el país, y no es para menos, pues millones de ciudadanos han reportado dificultades en la movilidad como consecuencia del paro. Incluso, la Aeronáutica Civil emitió una alerta ante posibles cambios en itinerarios.
Sobre cuánto durará el paro no hay mucha claridad, habida cuenta de las declaraciones del Gobierno en materia de precios del diésel, que no serán modificados.
Los transportadores, representados por agremiaciones como Fedetranscarga o la Asociación Colombiana de Camioneros, no han flexibilizado su discurso y casi que han dado a entender que las contingencias del paro serán daños colaterales de un bien superior: bajar el precio de los combustibles.
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Es por ello que más de un ciudadano se ha mostrado preocupado ante tal incertidumbre. Sin embargo, uno de los antecedentes más importantes en este sentido está en el segundo período de gobierno de Juan Manuel Santos, en 2016, cuando el paro de transportadores duró 38 días.
En consecuencia, el entonces presidente Santos, el 14 de julio de 2016, anunció un plan de choque para poner fin, mediante mecanismos coercitivos, a los bloqueos que ya habían provocado desabastecimiento de alimentos y productos esenciales en varias zonas del país. Las medidas adoptadas por el Gobierno fueron:
- Inmovilización de vehículos que estuvieran bloqueando vías
- Cancelación de licencias de transporte a conductores involucrados
- Cancelación de licencias de operación a propietarios y empresas con multas de hasta 480 millones de pesos
- Cancelación de matrículas a vehículos usados para el paro
- Habilitación temporal de vehículos particulares para transportar carga
- Establecimiento de centros estratégicos para dar trámite a operaciones de carga y transporte con empresarios no involucrados en el paro
- Duplicación de efectivos de la Fuerza Pública en carreteras
Al realizar este anuncio, Juan Manuel Santos añadió: “Tampoco podemos aceptar que las soluciones a las demandas de algunos de los que están negociando fomenten la corrupción y el abuso por parte de unos pocos en detrimento de la mayoría. Aquí, como debe ser, el interés particular no puede primar sobre el interés general y mucho menos cuando hay corrupción de por medio”.
Fiscalía colombiana anunció investigaciones a empresarios que promuevan bloqueos
El presidente Gustavo Petro y el ministro Juan Fernando Cristo han sido enfáticos en que están dispuestos a dialogar con los voceros de los transportadores siempre y cuando no se asuman vías de hecho como bloqueos de vías principales.
“El país no se dejará bloquear. El alza del diésel es justa porque solo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública de Colombia. Dar comida a la gente con hambre y educación a nuestra niñez y juventud nos obliga a equiparar los precios del diésel. Las medidas adecuadas para afrontar un “Lock out”: un paro empresarial, se toman desde hoy. Los pequeños camioneros independientes siempre serán recibidos en el Ministerio de Transporte”, escribió a través de su cuenta de X.
Jorge Meneses, vocero de la Fiscalía General de la Nación, advirtió que se revisarán los informes que lleguen sobre las manifestaciones y con ello determinar si se abrirán investigaciones contra los responsables de los bloqueos en el país.
Desde la Fiscalía indicaron que se mantendrá un diálogo constante por medio del Puesto de Mando Unificado, con el fin de encontrar cualquier tipo de acción irregular que constituya en un delito durante las marchas y cierres.
Ya la Fiscalía abrió una indagación sobre bloqueos de 36 vías en varios departamentos. A través de sus canales de comunicación oficiales el ente investigador y acusador informó que “indaga la eventual amenaza a la salud pública y la seguridad alimentaria”.
“La Fiscalía tiene que hacer una valoración en conjunto de la información que se recibe. Una vez se tenga certeza de la información, nosotros la información que estamos recibiendo aquí de los boletines de la policía se están compartiendo a fiscalía a nivel central y son ellos quienes valoran y, efectivamente, tendrán que darles noticias criminales si se ve alguna afectación o la ocurrencia de algún delito”, declaró Meneses al respecto.