Alcalde Galán pidió intervención urgente del Gobierno Petro por bloqueos de transportadores en Bogotá: “No puede tirarle la pelota a las autoridades locales”

En un momento de tensión creciente en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán ha solicitado, mediante su cuenta de X, al Gobierno nacional que intervenga de manera decisiva para resolver los bloqueos en la capital, producto del paro convocado por los transportadores ante el reciente aumento en el precio del diésel.

Galán ha manifestado la urgente necesidad de que el Gobierno nacional asuma su responsabilidad en esta crisis, sugiriendo dos caminos posibles: llegar a una “solución concreta” mediante el diálogo para poner fin a los bloqueos o instruir una intervención de la fuerza pública para restablecer la movilidad.

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En una declaración con fuertes críticas, el alcalde señaló que Bogotá se encuentra severamente afectada por los bloqueos y advirtió que la falta de acción del gobierno está impactando negativamente a las autoridades locales.

“El Gobierno no puede tirarle la pelota a las autoridades locales”, afirmó Galán, subrayando que la situación en Bogotá es solo parte de un problema que influye en diversas ciudades del país.

Carlos Fernando Galán también criticó que el Gobierno les ha dado vía libre para actuar en los puntos de manifestación en la capital, sin embargo, han desistido a último momento: En el caso de Bogotá, en las últimas 48 horas, en tres oportunidades nos ha dicho el Gobierno evalúen en que sitios se pueden intervenir, y cuando hemos estado listos para intervenir, nos han dicho que no porque afectan las mesas de diálogo”.

El alcalde finalizó su comunicado afirmando que el Gobierno tiene que tomar medidas a nivel nacional para el levantamiento del paro de camioneros, y así no afectar a la ciudadanía.

La raíz del conflicto proviene de un paro nacional organizado por los transportadores, en protesta por el aumento en el precio del diésel decretado la semana pasada. Los transportadores consideran que la medida afecta gravemente sus operaciones y han optado por realizar bloqueos como forma de protesta.

El ministro de Minas, Andrés Camacho, ratificó que el Gobierno no congelará los precios del Acpm, siguiendo el lineamiento que ha tenido los Ministerios de no realizar cambios a la medida inicial. Además, la ministra de Transporte, María Constanza García, declaró que la propuesta del Gobierno es una gradualidad frente al incremento inicial del diésel. “El Gobierno está dispuesto a escucharlos (a los gremios de transportadores)”, cerró García.

Este 4 de septiembre se reanudaron los diálogos entre el Gobierno de Colombia y las organizaciones de transportadores de carga en el Ministerio de Transporte, con la esperanza de llegar a un acuerdo para levantar el paro de camioneros que afecta al país.

Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fedetranscarga, habló con el medio RCN para ofrecer su perspectiva sobre la problemática y las expectativas del gremio. Cuervo explicó que los transportadores, sean pequeños propietarios o grandes empresarios, están unidos en su rechazo al incremento del combustible, que impacta directamente en la rentabilidad de sus operaciones.

Desde el inicio del paro, el tema central de las discusiones ha sido el aumento del precio del diésel en 1.904 pesos, una medida que los transportadores piden sea revocada.

Según Cuervo, una tractomula que cubre la ruta Bogotá – Cartagena – Bogotá consume unos 300 galones de combustible, lo que representa un gasto adicional de $600.000 por viaje. Considerando que cada camión realiza de tres a cuatro viajes al mes, el costo adicional oscila entre $1.800.000 y $2.400.000 mensuales.

El vicepresidente de Fedetranscarga destacó también que el uso del diésel es esencial en el sector del transporte. “El llamado que se le sigue haciendo al Gobierno es que se tomen las decisiones con calma, pero que sea revocada la medida que incrementó el precio del combustible”, reiteró Cuervo.

Además, el representante del gremio mencionó que aunque se han generado bloqueos en diversas ciudades, se están intentando ajustar estas protestas a las normas internacionales sobre derechos humanos de los ciudadanos afectados.