Reactivación de peaje entre Barranquilla y Puerto Colombia desató manifestaciones: activaron “plan tortuga”

En el peaje Papiros, entre Barranquilla y Puerto Colombia, se reactivó el cobro desde el lunes 2 de septiembre. Este hecho motivó protestas y bloqueos vehiculares por parte del comité “No al peaje”, que exige el desmantelamiento de la caseta de cobro. Asimismo, activaron un “plan tortuga” desde las 4:00 a. m. del martes 3 de septiembre en la mencionada vía del departamento de Atlántico.

El “plan tortuga”, que implica disminuir la velocidad de los vehículos para generar congestión, se lleva a cabo en respuesta al cobro de tarifas que oscilan entre $3.500 para los vehículos de categorías C1 y C2 y $1.500, esta última tarifa diferencial aplicada a cerca de mil residentes de la zona. Dicha protesta ha afectado a la comunidad, incluyendo a colegios y universidades cercanas, y ha provocado la intervención de las autoridades, tanto de la Policía Nacional como de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden - Undmo, antiguo Esmad, según informaron medios locales.

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Los líderes del comité solicitaron la presencia del Ministerio Público, argumentando que la Gobernación del Atlántico ha adoptado medidas desfavorables para la comunidad. Un miembro del comité expresó a El Heraldo que han sido acusados infundadamente y que hay una amenaza de intervención del Esmad: “La Gobernación del Atlántico ha tomado una postura que podría tomarse como no grata para nuestra comunidad, al respaldar medidas que amenazan con la intervención del Esmad, enviando Policía y calumniándonos con acusaciones infundadas”.

El alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, también ha mostrado su desaprobación con la reanudación del cobro en el peaje, calificándolo como “antitécnico” y afirmando que “pone en riesgo la vida de los motociclistas, de los ciclistas y de todas las personas que transitan en esta vía (...). Este peaje trunca el desarrollo y el progreso de una tierra próspera y de unos ciudadanos trabajadores como somos los porteños”.

Por otro lado, en la avenida Circunvalar, en el sector de Alameda del Río, se presentan congestiones viales debido a la construcción de un intercambiador vial. Esta obra, parte de un proyecto de la Alcaldía de Barranquilla para mejorar las conexiones viales, se extenderá por al menos un año e incluye la construcción de puentes vehiculares y una glorieta. Los residentes que normalmente tardarían entre 5 y 10 minutos ahora pueden demorar hasta una hora para salir de la urbanización debido a los desvíos y el contraflujo impuestos, informaron los afectados al medio de comunicación citado.

La situación ha generado un escenario de resistencia pacífica y bloqueos intermitentes, que se espera continúen el miércoles 4 de septiembre, a partir de las 6:00 a. m., según El Heraldo. Estas manifestaciones buscan la atención y solución de las autoridades a una problemática que no ha sido resuelta a pesar de múltiples mesas de trabajo, superando las treinta reuniones desde que iniciaron las protestas.

A partir del miércoles 4 de septiembre, los bloqueos realizados por el transporte de carga en importantes vías nacionales de Cesar y Santander podrían afectar el horario de ingreso de alimentos en Barranquilla. El paro de camioneros se da en respuesta al aumento del valor del ACPM, lo que ha generado preocupación entre los gremios sobre un posible incremento en los precios de las verduras y alimentos.

Leonardo Mulford, gerente Comercial de Granabastos, explicó que estas afectaciones se verán reflejadas en las demoras en el ingreso de los camiones, ya que los transportadores deberán tomar vías alternas, resultando en un aumento de los fletes y, consecuentemente, en los precios del nuevo inventario de verduras y frutas.

Diariamente, a la Central de Abastos ingresan aproximadamente 1.500 vehículos cargados con alimentos provenientes de diferentes regiones del país. Según declaraciones de Mulford a los medios, los transportadores están obligados a tomar rutas alternas debido a los bloqueos, lo cual no solo demora las entregas, sino que incrementa los costos operativos de transporte. Estos costos adicionales eventualmente se trasladan al precio final que pagan los consumidores.