Hospital San Juan de Dios comenzaría su renovación solo en el 2029 por decisión del Gobierno Petro, advirtió la alcaldía de Bogotá

El pleito entre la empresa española Copasa y la alcaldía de Bogotá, por el funcionamiento del Hospital San Juan de Dios, no se detiene.

Luego de que en agosto de este año, se le notificara a la empresa extranjera la rescisión del contrato para renovar el centro médico, Copasa decidió demandar al distrito, al considerar que se habría incurrido en una presunta inviabilidad de la renovación de la Torre Central del centro Hospitalario de la capital.

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Sin embargo, en la tarde del lunes 2 de septiembre, se conoció que el Consejo de Estado admitió una demanda de la Fundación para el Estado de derecho contra la Superintendencia de Salud por la intervención forzada de la Subred Centro Oriente, que consideran que la medida de la entidad “carece de un análisis exhaustivo de la prestación del servicio, la satisfacción de los usuarios o la cobertura, y de un soporte probatorio que fundamenta la intervención”, y denuncian que se habría vulnerado la autonomía de Bogotá.

Para la Fundación, la rescisión del contrato con Copasa no solo generó una inestabilidad administrativa y jurídica, sino que también planteó un desafío financiero para la Subred, y añadieron que había otras formas preventivas como la vigilancia especial, la recapitalización y programas de recuperación que deberían haberse aplicado antes de realizar la intervención forzosa por parte de la Superintendencia de Salud.

Ante esta situación, el secretario jurídico de Bogotá, Mauricio Moncayo, advirtió que por este pleito judicial que enfrenta la alcaldía y Copasa, la renovación del hospital comenzaría en cinco años, es decir, a partir del año 2029.

“El Ministerio de Cultura negó tres veces los planes de renovación de la Torre central presentado por Copasa porque no cumplía con los requerimientos. Pero el ministro actual envió una carta dejando su posición clara: aunque se puede demoler esta edificación, él no quiere que se haga esto por opinión personal y no técnica”, explicó el funcionario en declaraciones a los medios de comunicación.

Igualmente, el funcionario indicó que la alcaldía, liderada por Carlos Fernando Galán, se mostró sorprendida con la decisión del Consejo de Estado, por lo que mencionó que estaría preparando una serie de acciones judiciales frente al caso.

“Es muy importante que las precisiones jurídicas que realiza el distrito, pues tengan la solidez, como muy bien lo ha manifestado el señor alcalde, y en los próximos días tendrán noticia de las acciones emprendidas por el distrito capital”, aclaró.

A su vez, Moncayo señaló que “en el proyecto que se finalizó con Copasa, se verían perjudicados un aproximado de 500.000 millones de pesos, con vigencias futuras que están comprometidas, en razón de la terminación unilateral del contrato. Mientras que en pretensiones, estarían algo más de 100.000 millones de pesos (...) estamos a la espera de cuáles serían los resultados de esos procesos y cuáles van a ser las consecuencias para los mismos en atención a la terminación unilateral”.

No obstante, el secretario jurídico de la capital precisó que “aún queda vigente otro contrato, que es el de interventoría, que está entre alrededor de unos 18.000 millones y no sabemos digamos cuál va a ser la decisión del interventor sobre ese particular (...) nos vemos totalmente sorprendidos como también ocurrió en su momento con la intervención que hizo la Superintendencia de Salud, aun cuando el alcalde Galán se había reunido con ellos y habían establecido alguna serie de actividades para efectos de del juez del buen servicio de la red centro oriente”.

Además de la disputa judicial entre la empresa española y la alcaldía de Bogotá, la remodelación del Hospital San Juan de Dios ha generado un cruce de palabras entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Por una parte, el primer mandatario de la nación celebró la decisión de liquidar el contrato para reconstruir el hospital. “El hospital San Juan De Dios es hospital universitario por fuera de la ley 100 y patrimonio cultural e histórico de la Nación, según la ley de la que fui coautor con la senadora Marulanda, aprobada por el Congreso de la República”, escribió Petro en sus redes sociales.

En respuesta a ello, el alcalde Galán mencionó que la suspensión del contrato de intervención al hospital del centro de la ciudad, pone en riesgo la salud de los capitalinos y el patrimonio de la ciudad. “En Bogotá somos respetuosos de las competencias de la Nación, pero nuevamente vemos con extrema preocupación algunas decisiones del Gobierno nacional sobre Bogotá”, expresó.