En medio del paro de camioneros que ha afectado a varios departamentos de Colombia, la ministra de Transporte, María Constanza García, convocó al gremio a una reunión decisiva el martes 3 de septiembre. La convocatoria responde a las intensas protestas generadas por el aumento del Acpm y el impacto significativo que estas han tenido en distintas regiones como Santander, Nariño, Cundinamarca, Meta y Bogotá.
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“El ajuste en el precio del diésel es una medida necesaria para la sostenibilidad del país. El Ejecutivo entiende las preocupaciones del sector y por esto mantiene de manera permanente mesas de trabajo e invita a continuar dialogando en las mismas”, dijo la ministra.
Las manifestaciones han provocado situaciones de grave afectación en la movilidad. El lunes 2 de septiembre, se reportaron 46 escenarios de bloqueo y concentraciones en todo el territorio nacional, de los cuales 11 correspondieron a aglomeraciones y el resto, en su mayoría, a bloqueos intermitentes.
Uno de los episodios más trágicos ocurrió en el sector de La Laguna, donde una mujer venezolana, que viajaba de Norte de Santander a Bucaramanga, falleció debido a graves problemas de salud mientras su autobús se encontraba detenido por los bloqueos. Aunque se abrió un corredor humanitario, el auxilio llegó tarde para salvarle la vida.
En diferentes puntos del país, los bloqueos han causado enormes trastornos. En Santander, hubo interrupciones en vías cruciales como Bucaramanga-Barrancabermeja, y Bucaramanga-San Gil. En Nariño, la carretera Panamericana fue obstruida en dos puntos clave, entre Pasto e Ipiales. Mientras tanto, en Cundinamarca, se registraron bloqueos en la autopista Norte y la variante entre Chía y Cajicá, afectando también a colegios y universidades como la Universidad de La Sabana.
Las autoridades locales han implementado varias estrategias para mitigar el impacto de los bloqueos. En Santander, el gobernador Juvenal Díaz instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU), mientras que en Bogotá las autoridades lucharon por despejar las principales vías de acceso y salida, bloqueadas desde temprano por transportadores.
Uno de los puntos más conflictivos fue la calle 80 en Bogotá, donde los bloqueos en ambos sentidos hicieron que muchas personas debieran abandonar los buses y continuar su trayecto a pie. La Policía retuvo cerca de 60 tractomulas en el sector de El Tunal para evitar que se unieran a los bloqueadores en Yomasa.
En Meta, se registraron cierres en la vía al Llano, una conexión vital entre Bogotá y Villavicencio. La presidenta de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) en el Meta, María Antonio Cuervo, señaló que el Ministerio de Hacienda incumplió los acuerdos establecidos en 2022 para revisar una nueva fórmula del precio de los combustibles.
Pero con respecto a eso, el Ministerio de Hacienda ha dicho que para los transportadores la solución es no subir el precio, algo que rechazan debido al déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
Por su parte, el Ministerio de Transporte encabezado por María Constanza García, aseguró que el incremento en los precios del Acpm era y es necesario. Enfatizó que se mantendrán abiertos al diálogo con las agremiaciones de transportadores, llamando a facilitar la movilidad por razones humanitarias.
El presidente Gustavo Petro presidió un PMU para evaluar las medidas y asegurar el diálogo continuo con los transportadores. Este encuentro reunió a varios ministerios y organismos, incluyendo el Ministerio del Interior, Minas, Justicia, Hacienda, la Policía, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, además de las gobernaciones y alcaldías afectadas.
“Se reitera la intención de seguir dialogando con el sector de transportadores de carga. (...) El Gobierno Nacional reitera el llamado a los manifestantes para que faciliten la movilización por razones humanitarias”, se señaló desde varios Ministerios en un comunicado.
Finalmente, el Ministerio del Interior, liderado por Juan Fernando Cristo, rechazó vehementemente las restricciones a la movilidad impuestas por los bloqueos. Reiteró que la protesta es legítima siempre y cuando respete los derechos de todos los ciudadanos, especialmente el acceso a servicios esenciales como la educación y la salud.
“Así no debe ser. El paro de camioneros en Bogotá y a nivel nacional genera dificultades en la movilidad, la llegada de servicios médicos y afecta a niñas y niños que se desplazan en rutas escolares. La protesta es legítima cuando respeta los derechos de todos”, indicó en su cuenta de X.