Contraloría investigará presuntas irregularidades en Hidroeléctrica de Urrá: habría más de $300.000 millones en pérdidas

Más de trescientos mil millones de pesos en posibles pérdidas económicas es el foco de una investigación que ha iniciado la Contraloría General de la República sobre la Hidroeléctrica de Urrá.

Según información divulgada por dicho organismo, esta Actuación Especial de Fiscalización se centra en la contratación de la venta de energía, ante indicios de adjudicaciones directas y una supuesta concentración en pocas empresas comercializadoras.

El objetivo es evaluar si estas prácticas han afectado el patrimonio público, dado que los precios de los contratos adjudicados podrían no corresponder con los precios de mercado vigentes para 2023 y 2024.

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La Contraloría, a través de su delegada para el Sector Minas y Energía, ha anunciado que esta investigación busca desentrañar la razón detrás de estas adjudicaciones directas, también conocidas como “a dedo”, sin un criterio técnico claro que las justifique.

El organismo ha informado que este análisis se basa en hechos divulgados por la prensa y no en denuncias recibidas de otras entidades o particulares.

El monto total de los contratos bajo escrutinio supera los $1,4 billones, cifra que genera preocupación por la integridad del patrimonio estatal, ya que el Estado colombiano tiene una participación del 99,98% en esta hidroeléctrica.

Las inspecciones y solicitudes de información se dirigirán a diversas entidades del sector, incluyendo la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), XM S.A., y la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios), entre otras empresas vinculadas.

Los informes preliminares sugieren que la concentración de la comercialización en unas pocas empresas ha permitido a estas obtener márgenes de utilidad excepcionalmente altos, en detrimento de la hidroeléctrica y, por ende, del Estado.

La Contraloría ha manifestado su firme compromiso con la transparencia y la salvaguarda de los recursos públicos, asegurando que mantendrá informada a la opinión pública sobre los avances de esta investigación crucial.

Eduardo Díaz, actual gerente encargado de Hidroeléctrica Urrá S.A. E.S.P., recibió instrucciones del gobierno para suspender cualquier contrato de venta de energía.

Según el medio La FM, esta directiva obedecía a la falta de criterios técnicos en la asignación de dichos contratos. El Ministerio de Minas y el Ministerio de Hacienda afirmaron, en una carta dirigida a la opinión pública, que desde el 31 de julio de 2024 se había solicitado a los representantes ministeriales en la junta directiva de Urrá que exigieran esta suspensión.

Esta medida se enmarca en un contexto de presuntas irregularidades en la asignación de contratos millonarios por parte de la hidroeléctrica, que, aparentemente, se adjudicaban sin los requisitos técnicos necesarios, agregó la misiva de las carteras. Los ministerios también aseguraron que, según los estatutos de la empresa, los contratos de energía no requerían la aprobación de la junta directiva.

Ante esta situación, los ministerios de Minas y Hacienda solicitaron a Urrá S.A. E.S.P. activar una auditoría específica sobre los hechos mencionados y contratar una auditoría forense para despejar cualquier duda relacionada con estos contratos.

Por otro lado, uno de los puntos más controvertidos de este caso fue el retiro de Rafael Amaya Del Vecchio como presidente de la compañía. Según la misma fuente, la instrucción de destituirlo provino del gobierno y fue ejecutada por la junta directiva de Urrá. Amaya, quien consideró la decisión injusta, presentó una tutela para ser reintegrado en su cargo.

Eduardo Díaz se pronunció negando cualquier injerencia política y defendiendo la transparencia en los procedimientos de la empresa.

Según declaraciones brindadas a la emisora colombiana W Radio, Díaz explicó que todos los proponentes que solicitan energía pasan por un análisis riguroso en la empresa. En este proceso se revisan detalladamente aspectos como los estados financieros y la capacidad de pago de cada solicitante. Esto es fundamental para asegurar que los contratos se asignen de manera justa y siguiendo las regulaciones pertinentes.