Radicaron proyecto para un nuevo Acuerdo nacional por la educación: Gobierno asegura que le dará más recursos a universidades públicas

En la mañana de este martes 3 de septiembre el ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley ‘Acuerdo Nacional por la Educación Superior’.

Con esta iniciativa se busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Según el ministerio, el objetivo del articulado es garantizar una financiación adecuada y sostenible para las universidades públicas del país, así como para las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias estatales u oficiales.

“Este esfuerzo refleja el compromiso del Gobierno del Cambio con una educación pública, gratuita y de calidad, que responda a las necesidades reales de las instituciones educativas y sus comunidades”, se lee en una comunicación oficial del Ministerio de Educación.

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A muchos les resulta inevitable ver en el este proyecto un prospecto de reforma a la educación, tan comentada por el propio presidente Gustavo Petro en tantas ocasiones. De hecho, la presentación de este proyecto de ley se da poco después de la llegada de Daniel Rojas Medellín al Ministerio de Educación, siendo sucesor, en este Gobierno, de Alejandro Gaviria y Aurora Vergara.

En el video previamente compartido se expone que uno de los puntos cruciales (el punto de partida) de este proyecto es la financiación de las universidades públicas. Se argumenta que, desde la entrada en vigencia de la Ley 30 en la década de los 90, las instituciones estatales de educación superior vienen enfrentando problemas de caja, influyendo negativamente en las condiciones infraestructurales de los claustros académicos y en la calidad misma de los procesos educativos.

A través de su cuenta de X, el ministro Rojas Medellín explicó que, al inicio del actual gobierno, la asignación en gastos de funcionamiento para la educación superior era del 0,4% del PIB, cifra que ha aumentado al 0,54% en 2024 gracias a los esfuerzos realizados. Con la aprobación del proyecto de ley, se espera alcanzar el 1% del PIB en un plazo de 15 años.

Uno de los principales objetivos del proyecto es aumentar la cobertura en educación superior. Actualmente, la tasa de cobertura bruta en educación superior es del 55,38%. Con el nuevo esquema de financiación, el gobierno espera que esta cifra se eleve al 80%, acercándose al promedio de los países de la OCDE.

El proyecto también aborda la concentración territorial de la oferta educativa, un problema que afecta a muchas regiones del país. En la actualidad, el 64% de la oferta de educación superior está concentrada en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander, lo que incrementa los costos para las familias de estudiantes provenientes de otras regiones. La reforma busca reducir esta concentración y facilitar el acceso a la educación superior en zonas rurales y de conflicto.

El proyecto de ley establece que los aportes a las universidades y otras instituciones de educación superior estatales se calcularán tomando como base el presupuesto asignado a cada institución, ajustado anualmente según el mayor índice entre el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Los nuevos recursos permitirán un aumento progresivo en el acceso, permanencia y graduación de estudiantes de pregrado en instituciones estatales, lo que contribuirá a reducir las brechas territoriales y sociales. Además, se espera mejorar la calidad y pertinencia de la oferta educativa, fortalecer la planta docente y administrativa, y promover el bienestar institucional en las universidades públicas.

El ministro Rojas concluyó que este proyecto representa un esfuerzo significativo por transformar la educación superior en Colombia, asegurando que el acceso a una educación de calidad sea más equitativo y accesible para todos los jóvenes del país.

“Permitirá el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la oferta; el Bienestar institucional; el fortalecimiento de la planta docente y administrativa de las instituciones de educación superior estatales u oficiales y otras causas que derivan de la financiación”, expuso.