En la tarde del martes 3 de septiembre de 2024, la Fiscalía General de la Nación confirmó una investigación por varios de los bloqueos que se han registrado en la capital de la República y otras regiones del país en el contexto del paro de transportadores por el aumento del precio del diésel.
Así lo confirmó el ente investigador a través de un comunicado en el que explicó que en total serán investigados 36 bloqueos que se han desarrollado en las vías públicas de Bogotá, corredores viales de la región del Magdalena Medio, Norte de Santander, Nariño y Meta.
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Según la Fiscalía, la decisión se tomó dado el “riesgo que puedan representar estas acciones contra la salud pública y la seguridad alimentaria de los ciudadanos y poblaciones que habitan estas regiones y utilizan a diario las vías y carreteras bloqueadas en su totalidad”.
A pesar del anuncio, el ente investigador aseguró que reconoce el legítimo derecho a la protesta pacífica, por lo que invitó a los ciudadanos inconformes con las decisiones del Gobierno nacional y que han organizado las manifestaciones; como también a sus participantes, a “respetar” los derechos fundamentales del resto de colombianos que son ajenos a los bloqueos y marchas.
Por tal motivo, la Fiscalía afirmó que: “El derecho a protestar no autoriza la obstrucción y bloqueo de vías que pongan en peligro a la población”.
En ese sentido, la Fiscalía argumentó que actuará en el “marco de sus competencias constitucionales y legales” en los hechos en los que se pierda la naturaleza pacífica de las manifestaciones sociales y se pueda estipular algún tipo de delito.
Puesto de Mando Unificado para gestionar bloqueos
Con el fin de atender la crisis que se ha generado a lo largo del territorio colombiano por los bloqueos de transportadores, desde la Presidencia de la República anunciaron que se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) que servirá para monitorear la situación en las vías del país.
A la reunión asistieron los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo; de Transporte, María Constanza García; de Hacienda, Ricardo Bonilla; de Minas, Andrés Camacho y de Justicia, Ángela María Buitrago, y representantes de diferentes entidades como la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y las gobernaciones de Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, Nariño; como también, las alcaldías de Bogotá y Pasto.
Una de las invitaciones que hizo el Gobierno nacional a los transportadores es a dialogar, dado que aseguraron que el aumento en el precio del combustible diésel es necesaria para el sostenimiento de la economía del Estado.
“El Ejecutivo entiende las preocupaciones del sector y por esto mantiene de manera permanente mesas de trabajo e invita a continuar dialogando en las mismas”, se lee en el comunicado.
El Gobierno también recordó que se han llevado a cabo 13 mesas de trabajo que tenían como finalidad revisar la necesidad del ajuste del precio del combustible en el país, de acuerdo con los indicadores internacionales.
De acuerdo con el documento, Colombia registra el tercer precio de galón de Acpm más bajo de la región, solo por encima de Ecuador y Bolivia, incluso, países como México y Argentina, que son reconocidos como productores de crudo, tienen un precio más elevado del combustible superando los 19.000 pesos.
“El Gobierno nacional reitera el llamado a los manifestantes para que faciliten la movilización por razones humanitarias. La movilidad del transporte de vehículos de organismos de seguridad, de salud, de atención de emergencias, de alimentos perecederos, de rutas escolares que llevan niños, niñas y adolescentes a sus hogares deben prevalecer por encima de todo”, concluyó Gobierno nacional en el comunicado.