Consejo de Estado admitió tutela de Altus Baquero para evitar su salida del Consejo Nacional Electoral

El Consejo de Estado admitió la tutela interpuesta por Altus Baquero, quien demandó la decisión de la sección quinta del alto tribunal, que le anuló su nombramiento como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según el documento presentado por el togado, este pide que se le amparen los derechos al debido proceso, al acceso a cargos públicos, a la igualdad en el trato jurídico, al trabajo y al mínimo vital, ya que Baquero insiste en que le fueron vulnerados varios principios democráticos.

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A su vez, Baquero sostiene que la resolución que anuló su nombramiento fue injusta y que se llevó a cabo sin las debidas garantías. Argumenta que se le impidió ejercer el cargo para el cual había sido designado, lo que, según él, constituye una violación de sus derechos fundamentales.

El estudio de la tutela fue realizado por el magistrado Oswaldo Giraldo López, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, aunque en el fallo se negó la medida cautelar con la que pretendía anular el fallo que lo dejó por fuera del CNE.

El pasado 6 de junio de 2024, la Corte Constitucional tumbó la suspensión dada por el Consejo de Estado, mientras se resuelve dicha tutela que interpuso el propio Altus contra la sentencia, que mencionaba que Baquero no cumplía con los requisitos de experiencia para cumplir el cargo de magistrado en el CNE.

No obstante, el alto tribunal decidió negar la medida cautelar, al considerar que “cuando el juez de tutela lo considere necesario y urgente para proteger el derecho fundamental invocado suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere; no obstante, a petición de parte o de oficio, podrá disponer la ejecución para evitar perjuicios ciertos e inminentes de interés público”.

También, el Consejo de Estado resaltó que ″no hay lugar acceder a lo pedido por la parte accionante, dado que lo perseguido es la suspensión provisional de una decisión judicial de única instancia adoptada en un medio de control de nulidad electoral. En esa medida, como la tutela contra una providencia judicial procede de manera excepcional, es necesario examinar en el fallo si están cumplidos los requisitos generales de procedencia”.

En relación con las pruebas presentadas por Altus Baquero, que consistían en escuchar las versiones de los presidentes y vicepresidentes de las comisiones de acreditación documental del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, el Consejo de Estado mencionó su negativa porque “no advierte su necesidad, máxime cuando se requerirá el envío de la copia digital del expediente del proceso de nulidad electoral en el que se profirió la sentencia cuestionada”.

En la petición de Altus Baquero, este había pedido que se escucharan a los congresistas Juan Samy Merheg, Alejandro Carlos Chacón, Juan Loreto Gómez Soto y Juan Sebastián Gómez González, estos dos últimos son presidente y vicepresidente de la Comisión Legal de Acreditación Documental de la Cámara de Representantes. No obstante, el alto tribunal sostuvo que, por medio de la acción de tutela, no tenía la oportunidad de efectuarlo.

En otro fallo emitido el 20 de agosto del 2024 que ratificó como magistrado del CNE a Altus Baquero, la Corte Constitucional lanzó una petición especial al Congreso de la República para que se abstenga de realizar la elección de un nuevo funcionario en el tribunal, mientras la tutela interpuesta por el magistrado culmine su trámite en la justicia.

“Se abstenga de adelantar la elección para suplir la vacante del magistrado hasta cuando se agote el trámite de la tutela impetrada por el accionante contra la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 6 de junio de 2024”, se lee en el documento.

Las decisiones del Consejo de Estado contrastan con las decisiones que adoptaría el CNE, en relación con el caso por presunta violación de los topes electorales de la campaña presidencial de Gustavo Petro, en los comicios de primera y segunda vuelta de 2022, que aunque se conocieron las primeras investigaciones donde se detalla que la campaña presidencial en 2022 superó los 5.300 millones de pesos, una tutela buscaría frenar la votación de los magistrados del órgano electoral sobre el particular.