El Ministerio de Salud y Protección Social retomó el informe de la Contraloría General de la República en el que se reportan hallazgos fiscales superiores a 5.4 billones de pesos que habrían sido utilizados de manera irregular por parte de varias EPS, y aunció medidas legales contra las Empresas Prestadoras de Salud señaladas en la investigación.
El Gobierno interpuso una demanda contra las EPS involucradas, señalando que estas entidades no cumplieron con su deber y pusieron en riesgo la estabilidad en la prestación de los servicios. La demanda fue admitida por el Tribunal Superior de Cundinamarca. Tal acción legal está sustentada en Ley 100 de 1993 y el Decreto 780 de 2016, que regulan la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
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El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo argumentó que “si una EPS utiliza los recursos de una vigencia determinada para cubrir obligaciones de vigencias anteriores, es evidente que no se constituyeron las reservas técnicas necesarias”, lo que a su vez “constituye un incumplimiento de sus deberes legales como administradores del aseguramiento, afectando gravemente el derecho fundamental a la salud de los afiliados”.
En declaraciones a medios de comunicación, Julián Niño, contralor delegado para la Salud, señaló que los recursos de UPC destinados a pagar facturas de 2020 son precisamente para gastos correspondientes a ese año. No hacerlo constituye una irregularidad.
En el más reciente comunicado del Ministerio de la Salud se señala que “la gestión adecuada de las reservas técnicas es crucial porque impide que los recursos públicos con destinación específica, recibidos en una vigencia determinada, se utilicen para hacer pagos de vigencias pasadas. En su lugar, estos pagos deben realizarse con las reservas que debieron ser resguardadas en el momento en que se generaron los costos”.
El informe de la Contraloría y sus detalles
El 5 de agosto del año en curso el contralor Carlos Hernán Rodríguez informó que se encontraron pagos que no guardan relación de causalidad con servicios de salud. El informe del ente de control señala que la Nueva EPS habría destinado 40.000 millones de pesos para honorarios de miembros de la junta directiva, vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga y pilates, entre otros.
“He tomado la decisión de declarar estos hechos de alto impacto nacional, por lo tanto, todas las investigaciones se adelantarán desde la Unidad de Delitos Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República”, señaló el contralor Rodríguez.
La entidad hizo pública la lista de EPS vinculadas a la actuación investigativa:
1. Aliansalud E.P.S
2. Alianza Medellín Antioquia EPS SAS Savia Salud EPS
3. Anas Wayuú EPSI
4. Asmet Salud EPS S.A.S
5. Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y Guajira Dusakawi EPSI
6. Asociación Indígena del Cauca AIC EPS Indígena
7. Emssanar Sociedad por Acciones Simplificadas Emssanar SAS
8. Asociación Mutual SER Empresa Solidaria de Salud, Entidad Promotora de Salud Mutual SER EPS
9. Capital Salud Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado S.A.S Capital Salud EPS S SAS.
10. Capresoca E.P.S
11. Coosalud Entidad Promotora de Salud S.A. Coosalud EPS S. A.
12. Empresa Promotora de Salud Ecoopsos EPS SAS - Ecoopsos EPS SAS
13. Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado EPS S Convida
14. Entidad Promotora de Salud Famisanar SAS - EPS FAMISANAR SAS
15. Entidad Promotora de Salud Mallamas EPS Indígena
16. Entidad Promotora de Salud PIJAOS SALUD EPSI
17. Entidad Promotora de Salud Sanitas SAS EPS SANITAS SAS
18. Entidad Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud S. A. SOS EPS
19. EPS Suramericana S. A. EPS SURA
20. Fundación Salud MIA EPS
21. Nueva Empresa Promotora de Salud S. A. - Nueva EPS S. A.
22. Empresas Públicas de Medellín ESP Entidad Adaptada de Salud (EAS)
23. Salud Total
24. Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
“Para evaluar la gestión fiscal, la CGR utilizó la información de los estados financieros certificados por el representante legal, dictaminados por el revisor fiscal de cada una de las Empresas Promotoras de Salud –EPS– y registrados ante la Superintendencia Nacional de Salud, correspondientes a las vigencias fiscales 2019, 2020 y 2021; lo que permitió analizar el uso y destino de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación –UPC– y Presupuestos Máximos girados por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social –ADRES– en la vigencia 2020 y analizó el comportamiento de las reservas técnicas de las EPS, gastos administrativos, costo de la prestación, utilidades y variaciones patrimoniales”, señaló la Contraloría en su informe.
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