Camioneros afirmaron que el Gobierno Petro los estigmatiza al tildarlos de “uribistas” por rechazar el aumento en el precio del diésel

A través de un comunicado, la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) se pronunció sobre el incremento al precio del Acpm que recientemente se decretó desde el Ejecutivo nacional. El gremio de los transportadores señala que, lejos de ser una medida que afecta solo a las arcas de los más acaudalados, provoca consecuencias en la economía nacional, afectando principalmente a los conductores.

“Este incremento del precio del Acpm impactará directamente no solo a los 4.000 más ricos del país, sino que impactará el costo de vida y la canasta familiar de los 50 millones de colombianos; además del incremento del ítem del combustible de la estructura de costos, también subirán todos los insumos y se afectará directamente el patrimonio de las familias transportadoras por ser el camionero el eslabón más débil de toda la cadena de transporte y no reconocer el valor real de su labor se suma a la grave disminución de la carga, como consecuencia del estancamiento de la economía colombiana”, expresó la ACC.

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En el texto de la ACC se hace un señalamiento en contra de la Superintendencia de Transporte en su rol de entidad reguladora y vigilante en materias como el precio del combustibles. Los voceros del gremio manifestaron no sentirse protegidos por la entidad.

“Sabemos que la Supertransporte es inoperante en la vigilancia de las relaciones económicas por poseer un régimen sancionatorio paquidérmico, lo que propicia la constante violación del SICE TAC donde se evade el IVA de servicios y camuflan operaciones logísticas imponiendo su pago al camionero y violando la normatividad vigente, sumado a que este sistema se encuentra desactualizado y con graves falencias encontradas como un número de viajes mes 200% superior a la realidad, que rebaja ficticiamente el costo real de cada recorrido al 60%”.

Hicieron una comparación con el gremio de taxistas -que hace algunas semanas manifestaron su inconformidad al gobierno de Gustavo Petro por el aumento el precio del combustible-, señalando que no esperan las mismas soluciones, pues las equivalencias monetarias resultan abismales.

En la parte final de su comunicado, los transportadores señalan que, a través de su cuenta en X, el presidente Petro ha acudido a calificativos ideológicos a través de los cuales a deslegitimado los reclamos del gremio.

“Acusó y afirmó que las juntas directivas de los camioneros se encuentran constituidas por personal perteneciente al uribismo, y que estas agremiaciones desde el principio de su mandato han querido parar las carreteras y repetir lo que hicieron con Salvador Allende”, escribieron.

Con esto último se refieren, entre otras, a los trinos el presidente Petro en donde afirma que varios sectores están organizando un golpe de Estado a través de una desestabilización general de la economía y del orden público en varias zonas del país.

Por su parte, Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, anunció que la falta de garantías provocará un inevitable parón en las actividades del sector: “Todos los transportadores del país van a parar, quieran o no quieran, porque no va a ser rentable el negocio”.

En declaraciones a medios de comunicación, Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, explicó las razones por las que el Gobierno decretó dicho aumento, como medida para compensar el déficit que existe en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Fepc) en el país.

“Desde la medianoche quedó en firme el alza del diésel. El incremento es de 1.904 pesos”, expuso el funcionario.

Camacho aseguró que la decisión del Gobierno se enmarca en un contexto de responsabilidad fiscal y la necesidad de desmontar los subsidios actualmente otorgados. “El diésel se subsidiaba desde 2004 y el incremento no se había presentado desde 2020. Han pasado casi cinco años sin ajustar el precio del diésel”, explicó.

Fue así como el Ministro explicó que el valor del Acpm en el país es significativamente más bajo que en otros países de la región: precios que van entre 17.000 y 18.000 pesos por galón. “Mientras que en Colombia pagamos la mitad”, dijo Andrés Camacho en los micrófonos de La Fm.

El funcionario también habló lo que representaría mantener el subsidio hasta final de 2024, por un costo aproximado de 1,6 billones de pesos. Según Camacho, recursos que se podrían destinar a otras áreas prioritarias para el país.