Alexánder López, director de Planeación Nacional, lanzó dura advertencia si el Congreso no aprueba la reforma tributaria de Gustavo Petro: “Va en contravía de la paz, el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo”

En medio de un encuentro subregional de municipios PDET del Alto Patía y el norte del departamento del Cauca, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexánder López, hizo un llamado de urgencia al Congreso de la República para que se dé trámite a la ley de financiamiento o reforma tributaria, con la que el Gobierno nacional pretende garantizar los recursos para el cumplimiento del Presupuesto General de la Nación, que estará vigente en 2025.

El funcionario advirtió que, en caso de que los senadores y representantes a la Cámara nieguen este proyecto, el Gobierno solo tendría 12 billones de pesos para la inversión en proyectos para las comunidades del territorio nacional.

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“La discusión del presupuesto no puede darse en términos de que no se le puede permitir al Gobierno avanzar en mayor inversión social. Esa es una postura que va en contravía de la paz, el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo. Por eso, el llamado a los congresistas es para que aprueben el presupuesto que se radicó y, que con esto, ayuden a cumplir las acciones y propuestas que le permitan a las comunidades del suroccidente colombiano y de todo el país, salir de la pobreza, de la miseria y, sobre todo, poder salir de la guerra”, expresó López.

Así mismo, el exsenador señaló que el debate del presupuesto para el año entrante “no puede darse en términos de que a Petro no se le puede dar recursos para que mejore el estilo de vida de la gente y así reelijan su proyecto”, y recordó que una parte de los recursos se están destinando para el pago de obligaciones adquiridas durante el mandato del expresidente Iván Duque.

“El presupuesto que hoy discutimos en el Congreso es limitado y no permite cumplirles a las comunidades sus sueños de transformar sus territorios en proyectos productivos con la inversión pública. Por eso le digo a las comunidades que esta inversión limitada se puede mitigar si se apoya la ley de financiamiento por $12 billones para mejorar las condiciones de vida”, puntualizó el director del DNP.

Pese a la petición de Alexánder López, en el Congreso hay posiciones divididas frente a respaldar una nueva reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro.

Inicialmente, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, ha manifestado que no hay ambiente para tramitar la reforma tributaria, al considerar que el bolsillo de los colombianos no soportaría otra tributación. “Creo que para cortar por lo sano este debate es que esos doce billones de pesos hay que sacarlos del Presupuesto General de la Nación de 2025. El Congreso no puede aprobar una reforma tributaria de 12 billones, porque no conocemos sus elementos, no sabemos si va a tener trámite”, sostuvo el congresista conservador.

Agregó que el anuncio de una nueva ley de financiamiento “genera incertidumbre porque hablar de recaudo de 12 billones sin saber qué es, creo que es el peor de los escenarios para la inversión”, e indicó que, cuando la iniciativa se encuentre en discusión sea en las comisiones económicas o en las plenarias, “tengo una proposición para que esos 12 billones no continúen en el Presupuesto General de la Nación y discutimos esa reforma tributaria por separado y con calma”.

Por su parte, el senador de Cambio Radical, David Luna, aseveró que una nueva reforma tributaria impactaría significativamente el bolsillo de los colombianos. “El ministro Ricardo Bonilla confirma: otra reforma tributaria antes del 11 de septiembre. En el Senado, me opondré con vehemencia a este golpe al bolsillo de los colombianos. Los colombianos no aguantan más impuestos. ¿Para qué más plata si no la ejecutan y tras del hecho se la roban? El “Estado eficiente” fue pura retórica”, expresó el senador de oposición.

Entre tanto, el Gobierno nacional aún se encuentra definiendo la propuesta que sería analizada por las Comisiones económicas del Congreso, que contempla varios aspectos como la disminución del impuesto de renta corporativa al 30 por ciento y otros gravámenes sobre las rentas no laborales.