Transporte escolar le saldrá más caro a los padres de familia desde septiembre, gracias a nueva decisión del Gobierno

La Asociación Colombiana del Transporte Terrestre Automotor Especial (Acoltés) manifestó de nuevo su oposición al reciente incremento del precio del diésel (ACPM) confirmado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el cual será de $6.000, con incrementos semestrales de $2.000 hasta 2025 y con lo que a partir de septiembre el galón quedó en promedio nacional de $11.360.

Presuntamente, esta medida busca reducir el subsidio estatal que en la actualidad soporta el costo del combustible, lo que no solo es cuestionable, sino que tiene el potencial de causar graves repercusiones para la economía de las empresas de este sector.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Dicho gremio informó que estuvo presente en más de diez mesas de trabajo con el Gobierno nacional, donde se presentaron diversas alternativas para contrarrestar el impacto económico del aumento en el precio del diésel, pero las peticiones de los gremios sobre el Precio Colombia, que contempla la eliminación de impuestos (el nacional y dos IVA) y toma como base el ingreso al productor y el ingreso al productor de biodiésel, no fueron atendidas.

Asimismo, se remitieron peticiones y comunicados al presidente de la República, Gustavo Petro, y Ministerio de Hacienda en varias ocasiones, con el propósito de alcanzar acuerdos y garantizar que las preocupaciones sean atendidas como es debido. Sin embargo, hasta la fecha no recibieron respuesta alguna.

Por eso, hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional para que en verdad escuche al sector y, de manera conjunta, se puedan encontrar soluciones que minimicen el impacto económico y social que pone en eminente peligro la continuidad de estas empresas y, por ende, los servicios de transportar a la población más sensible del país: escolares, turistas, empresarios y usuarios de la salud (personas discapacitadas y/o con movilidad reducida, y pacientes no crónicos), por lo que es inminente el aumento en el precio del servicio de estos.

Ante esto, Acoltés envió una carta al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en la que se detallaron los problemas que se vendrán con el alza.

En el documento, indican que las más de 2.300 empresas legalmente constituidas y debidamente habilitadas por el Ministerio de Transporte, que registran una cifra superior a las 100.000 unidades de capacidad transportadora global en el país, solicitan la mayor atención ante la delicada situación que se presenta con su parque automotor con combustible a gasolina (25.000 unidades), que en este último año soportó el incremento del 37,5% en el precio, sin poder trasladarlo al usuario de sus servicios y ese panorama se amplía con su anuncio de incremento al precio del diésel a partir del 1 de septiembre.

“Esto acabará de oscurecer el panorama de nuestro sector, que aún no se recupera de dos años de pandemia, y sin recibir apoyos estatales, se ha podido sostener en estos últimos años, pero que ya no resiste un aumento más en los costos de su estructura, en la cual es sabido y demostrado que el peso del combustible es del 37%”, indicó el gremio que tiene como presidente ejecutivo a Lupoani Sánchez Celemín.

Precisó que los automóviles, camionetas, camperos y vans, en un 25%, son a combustible diésel y el otro 75% consumen diésel.

Con relación a la propiedad de parque automotor, el gremio confirmó que el 87% es de un solo propietario, mayormente mujeres cabeza de familia, quienes ahora ven que su único patrimonio se pierde por la vida de uso del vehículo que cada día se agota y no hay un apoyo visible del Estado colombiano para sostenerlos en este negocio del servicio público de transporte especial, que se agrava en su sostenibilidad económica, si tiene que seguir asumiendo los elevados precios del combustible como sucede desde agosto de 2022.

En la carta, Acoltés también expuso que es sabido que, en lo reglamentario, este servicio público se sostiene por el sistema de oferta y demanda, pero con contrataciones en tiempo definido, pero que un aumento desmedido los dejaría por fuera del mismo mercado, hoy agobiado por la informalidad e ilegalidad.

“Se ha tenido que soportar calladamente los incrementos en los precios del galón de gasolina de cerca de $9.180, en agosto de 2022, hasta el reciente en el mes de agosto de 2024, por encima de los $16.000. Es decir, a la fecha ha tenido un aumento del 37,5%, incrementos presentados aun cuando los contratos no se terminan y los contratantes no aceptan asumir dichos incrementos en las tarifas”, lamentó.

De esta forma, aseguró que el gran damnificado en este último año es el propietario del vehículo a gasolina, llámese persona natural o jurídica, ya que al final del proceso todos en el servicio público terminan perdiendo, si son los contratistas.

Además, confirmó que hay razones para que los propietarios de estas empresas decidan cerrar, ya que si no hay vehículos ni contratos no se pueden tener abiertas las puertas para seguir con las pérdidas y llegar a la quiebra, algo con lo que se amenaza la educación y este sector industrial.

También, alertó que habrá menos traslados de pacientes no crónicos, lo que puede llevar a un aumento en las muertes en casa, debido a la falta de acceso oportuno a servicios médicos, pues es entendido que a esos pacientes los transporta nuestro empresariado en todo el país. Asimismo, se verá afectada la movilidad de los empleados y de los turistas nacionales e internacionales, a quienes se les tendría que aumentar tarifas y eso llevaría a una reducción de la productividad y el ingreso por turismo en el país, un sector que el gobierno quiere promocionar ampliamente.

Acoltés anotó que en las diferentes mesas de trabajo y en comunicaciones enviadas a la Presidencia de la República, y a los Ministerios de Transporte, y de Minas y Energía, desde 2023, han sido directos y claros con el Gobierno nacional en el sentido de que cualquier aumento en el precio de estos combustibles afectan de manera directa la economía del país y de forma determinante la operación de las empresas, con la crisis real de los propietarios.