Piden pronta liberación de dos veedores y líderes sociales, secuestrados en Catatumbo

Cinco días después del secuestro de María Caicedo Osma y Miguel Antonio Quintero Monsalve, veedores y líderes sociales en la vereda Mesarritas del municipio La Playa de Belén (Norte de Santander), continúan las investigaciones para dar con su paradero.

Los hechos ocurrieron el martes 27 de agosto alrededor de las 9 de la mañana. Ambas víctimas fueron interceptadas por presuntos miembros del ELN (Ejército de Liberación Nacional).

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Los miembros de la Veeduría Esparta se encontraban trabajando con campesinos en la inscripción a programas del Gobierno nacional. Durante su labor, los líderes sociales fueron abordados y raptados por estos actores armados.

La esposa del líder social, Marilyn Medina, en diálogos con Caracol Radio contó detalles del secuestro: “Estaban en ese momento haciendo labor social, presentando a los campesinos proyectos para ellos, solamente estaban haciendo un bien y llegas este grupo y los retienen y se los llevan, entonces yo les pido que por favor le devuelvan”.

De esta manera, la familiar expresó: “Necesitamos escucharlos, tanto a mi esposo como a la señora María Caicedo, sabemos que están bien y agradecemos que les han respetado la vida”.

Por su lado, la familia de María Caicedo pidió su pronta liberación, porque necesita atención médica urgente por su estado de salud. “Queremos que ya puedan volver con nosotros, a nuestra casa, quiero informarles que ella tiene problemas de salud, esta semana se va a realizar unos exámenes y tiene que estar tomando constantemente los medicamentos porque sufre mucho de dolor en las extremidades, por eso pedimos de corazón que les permitan que ellos vuelvan”, expresó en el medio radial Génesis Pallares, hija de la líder social.

Fue así como su familiar agradeció a las personas que han estado al frente de la situación: ”Agradecemos a cada una de las personas que ha estado pendiente que nos han estado ayudando y a quienes de alguna u otra manera se han acercado ofreciéndonos su apoyo”.

En cuanto al secretario de Transparencia, Andrés Idárraga Franco, usó su cuenta de X para expresar su rechazo ante el secuestro de los líderes sociales: “A las autoridades departamentales les solicito movilizar todos los recursos posibles para dar con el paradero de los veedores. A los captores, les pido respeto a la vida de ellos y a las familias de los secuestrados, toda nuestra solidaridad en este momento”.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el miércoles 21 de agosto de 2024 el asesinato de Bruno Pambelé Moreno, un reconocido líder social indígena de la comunidad Hitnú en Arauca.

Aunque el crimen ocurrió el 7 de julio en la región de El Lipa, entre los municipios de Arauquita y Arauca, su deceso fue contabilizado por Indepaz solo en la reciente fecha.

Esto eleva a 110 el número de líderes sociales asesinados en Colombia en lo que va del año 2024, una cifra alarmante que refleja la constante amenaza contra los defensores de derechos humanos en el país.

Pambelé Moreno fue ultimado por grupos armados ilegales que operan en la zona, quienes además impidieron que los empleados de la funeraria ingresaran para realizar las honras fúnebres, obligando a la comunidad a enterrar el cuerpo un mes después del suceso.

Bruno Pambelé Moreno no es el único caso reciente de violencia en Arauca. El 5 de marzo de 2024 fue asesinado Josué Castellanos, primo del concejal de Bogotá y exfutbolista Leandro Castellanos, en un crimen perpetrado en el municipio de Tame.

Las cifras son preocupantes: hasta el 7 de agosto de este año, se habían registrado 99 asesinatos de líderes sociales. En solo 14 días, la cifra aumentó a 110, generando una profunda preocupación en organizaciones defensoras de derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo.

Pese al lema del gobierno de “hacer de Colombia una potencia mundial de la vida”, la violencia contra líderes sociales sigue siendo una dolorosa realidad en el país.