Ministerio de Defensa presentó proyecto de ley para que no contraten mercenarios colombianos en el exterior

El Ministerio de Defensa, liderado por Iván Velásquez, radicó un proyecto de ley en el Congreso de la República con el objetivo de que Colombia se adhiera a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Utilización, Financiación y Entrenamiento de Mercenarios. Esta convención, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, busca eliminar el mercenarismo a nivel global debido a su impacto negativo en los derechos humanos y la seguridad internacional.

“Esta iniciativa responde al compromiso del Gobierno con la protección de la vida y la paz, al reconocer que el mercenarismo ha sido responsable de serias violaciones a los derechos humanos y ha puesto en peligro la seguridad internacional en múltiples conflictos armados. En particular, los uniformados colombianos, reconocidos mundialmente por su experiencia militar, han sido víctimas de este tipo de delitos, siendo reclutados en diversas regiones para participar en actividades ilícitas”, expuso el funcionario.

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En primer lugar, busca que Colombia tipifique como delitos específicos las actividades relacionadas con el mercenarismo, como el reclutamiento, la financiación y el entrenamiento de mercenarios. Esto permitiría a las autoridades colombianas, tanto judiciales como militares, actuar con mayor contundencia contra estas prácticas.

Además, la propuesta subraya la importancia de prevenir la realización de actividades mercenarias en el país, protegiendo a los ciudadanos y garantizando que las Fuerzas Militares de Colombia no se vean involucradas en conflictos armados fuera del marco legal.

El proyecto también destaca la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el mercenarismo. Colombia se comprometería a colaborar con otros países en la investigación y enjuiciamiento de estas actividades, facilitando la extradición de mercenarios que se encuentren en su territorio. Asimismo, el intercambio de información sería clave para enfrentar este problema a nivel global.

Uno de los puntos críticos de la propuesta es la protección de la imagen de los militares colombianos. El Ministerio de Defensa busca evitar que exuniformados sean reclutados para participar en conflictos ilegales en el extranjero, salvaguardando así su reputación.

Según Iván Velásquez, la aprobación de esta ley fortalecería la seguridad nacional de Colombia y contribuiría a la estabilidad en la región. La legislación no solo serviría para disuadir la participación de actores no estatales en conflictos armados, sino que también reforzaría el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

A través del texto el Gobierno colombiano reafirma su intención de enfrentar el mercenarismo, proteger a sus ciudadanos y consolidar la paz en el ámbito internacional.

“Con la aprobación de esta Convención, el Congreso de la República dotará a Colombia de un marco legal esencial para combatir el mercenarismo, fortaleciendo la seguridad nacional y la estabilidad regional. Esta legislación no solo prevendrá la participación de actores no estatales en hostilidades, sino que también asegurará el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, expuso el ministro.

Moscú confirmó la detención de dos ciudadanos colombianos acusados de participar en los combates en Ucrania como mercenarios, una acción que podría llevar a penas de hasta 15 años de prisión.

En la mañana del viernes 30 de agosto, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) anunció la captura de José Aaron Medina Aranda y Alexander Ante, de 36 y 46 años respectivamente, a quienes se les acusa de combatir del lado de Ucrania contra las fuerzas rusas.

Según el FSB, se les incautaron documentos que “confirman sus actividades ilegales” y ropa militar con insignias del batallón de los Cárpatos Sich de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las acusaciones se basan en delitos previstos en el artículo 359 del Código Penal de Rusia, que castiga el mercenarismo con penas que oscilan entre 7 y 15 años de prisión.

La noticia de la detención de los colombianos se difundió desde el miércoles 28 de agosto. Los detenidos permanecerán en prisión preventiva hasta al menos el 22 de octubre, mientras las autoridades rusas investigan el caso.