“Jurisdicción Agraria puede disparar los conflictos violentos por la tierra”: exministra Cecilia López

En entrevista con El Colombiano, Cecilia López, exministra de Agricultura de Gustavo Petro, se refirió a la jurisdicción agraria, un marco normativo recientemente radicado como proyecto de ley por el Gobierno. La propuesta ya había sido objeto de no pocas críticas. La exjefe de esa cartera señaló que tal iniciativa no contempla que varios conflictos por tierras podrían intensificarse de ser aprobada tal iniciativa.

“Primero, aquí hay una historia detrás. Y segundo, este proyecto tiene unas zonas como nebulosas, poco claras. La historia es que usted puede hacer una reforma agraria de dos maneras: o con instrumentos económicos, que sería el caso que se había planteado, que era llevar el catastro multipropósito a donde sabe que están las tierras subutilizadas”, señaló.

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Dio algunas puntadas sobre un anterior planteamiento de la reforma agraria antes de que saliera a la luz la radicación del mencionado proyecto en el Congreso de la República.

“Ese catastro pone el valor de la tierra a su nivel real, que está subutilizado, subvalorado en todo el país y eso corresponde a un impuesto que es muy alto. Allí la decisión que toma el dueño de la tierra es económica. O pone a producir la tierra para pagar el impuesto. O se la vende al Gobierno y este se la compra a precios de mercado. Esa era la forma como se iba a hacer”.

Dejó claro que esas primeras posibilidad de estructuración de la jurisdicción agraria quedaron atrás. Dijo que la expropiación como figura legal sí sería fortalecida y que la Agencia Nacional de Tierras tendría tales potestades.

“Pero eso se olvidó por completo. Inclusive estando yo, trataron de pasar un artículo para el Plan de Desarrollo en que cambiaba la expropiación, que obvio que existe en la legislación actual, pero como un proceso judicial, un proceso que deciden los jueces; en este decreto trataban de pasarlo a un procedimiento administrativo en manos de la Agencia de Tierras. Y ellos mismos lo llamaron expropiación de tierras”, añadió.

Expuso que estando ella en el Gobierno se dieron varias diferencias a propósito de los puntos relacionados con expropiación.

“En su momento yo lo paré, el presidente lo retiró. Después han vuelto a tratar de meter esta expresión, esta forma de expropiar varias veces. Esa historia pesa. Sabemos que esa posibilidad existe. Entonces, una venta forzada, me da mucha pena, pero eso es expropiación. Y la reacción de ellos ha sido muy agresiva. El ministro Cristo se refiere a mí en unos términos muy desobligantes. Pero por Dios, ¿qué le pasó? Se le olvidó que él ha sido funcionario público y que los funcionarios públicos no deciden qué es lo que uno cuestiona”.

A través de redes sociales, Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, expresó su preocupación por la radicación del proyecto de jurisdicción agraria por parte del Gobierno Petro.

Según la congresista, esta iniciativa legalizaría la invasión de tierras, reviviría la expropiación express que la Corte Constitucional ya declaró inconstitucional, y abriría las puertas a una persecución contra los propietarios del campo.

En cuanto a lo que ve como una posible invasión/expropiación de tierras, señala: “Bastaría con que los invasores realicen alguna actividad productiva en el predio, como una pequeña cosecha, para que nadie, ni siquiera los jueces, pueda desalojarlos. Este mecanismo otorgaría protección legal a los invasores y debilitaría significativamente los derechos de los propietarios legítimos”.

zonas rurales de Colombia: “A pesar de que la Corte Suprema solicitó la eliminación del principio de protección al más débil en el campo, el Gobierno insiste en incorporarlo. Esta medida plantea una cuestión fundamental: ¿quién es realmente el débil? ¿El que invade o el que es invadido? ¿El que cosecha o el que vende?”.

En la mañana del martes 27 de agosto, el Gobierno de Gustavo Petro radicó en la Comisión Primera del Senado de la República el proyecto de ley ordinaria de jurisdicción agraria, que busca establecer competencias y procedimientos para que jueces y magistrados se hagan cargo de conflictos agrarios y rurales en el país.

Tres fueron los ministros que asistieron al Congreso colombiano para radicar el texto: Juan Fernando Cristo (Interior), Ángela María Buitrago (Justicia) y Martha Carvajalino (Agricultura).

Para Juan Fernando Cristo, este proyecto es fundamental en la implementación total del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre Gobierno y Farc-EP, en el que la reforma agraria es el principal capítulo del texto.

“Interpreta y representa cabalmente el compromiso del Gobierno del presidente Petro con el campo colombiano, con la reforma rural y la reforma agraria, como elemento fundamental e indispensable para avanzar en el propósito de lograr una mayor igualdad en la sociedad y cerrar las brechas entre el campo colombiano y los centros urbanos del país”, señaló el funcionario.