Jóvenes en Paz ya ha entregado subsidios por valor de $3.015 millones

En octubre del 2023, el presidente Gustavo Petro presentó con gran expectativa el programa Jóvenes en Paz, una iniciativa gubernamental que ofrece hasta un millón de pesos a jóvenes en situación de vulnerabilidad con el objetivo de alejarlos de la delincuencia y promover la legalidad a través de educación y formación. A pesar de la buena intención del programa, las críticas y cuestionamientos sobre su implementación no han tardado en surgir.

El programa está diseñado para beneficiar a 100.000 jóvenes de entre 14 y 28 años que se encuentran en condiciones de pobreza extrema y están en riesgo de involucrarse en actividades criminales. En su primera fase, se planeaba apoyar a 6.000 jóvenes, pero según datos del Ministerio de la Igualdad, sólo 1.723 jóvenes han recibido ayuda hasta la fecha, con un total de 3.015 millones de pesos distribuidos a través de 3.442 transferencias.

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Estas cifras fueron reveladas por el periódico El Colombiano y allí se desataca que entre las ciudades con mayor número de beneficiarios se encuentran Quibdó (578 jóvenes) y Medellín (333 jóvenes), seguidas por Buenaventura (327), Bogotá (233), Guachené (144) y Puerto Tejada (108). Además, el Ministerio de la Igualdad reporta la inclusión de diez jóvenes migrantes en el programa. Los criterios de selección se basan en la alta incidencia de criminalidad, el tamaño de la población en riesgo y su vulnerabilidad socioeconómica.

Sin embargo, la representante de oposición Carolina Arbeláez, del partido Cambio Radical, ha planteado serias inquietudes sobre la implementación del programa. Arbeláez señala irregularidades significativas en los registros del Ministerio, incluyendo la presencia de 425 jóvenes con edades incorrectas, como nacidos en 1899, y casos en los que se han realizado múltiples transferencias a una misma persona. Para la congresista, estos problemas reflejan un desorden administrativo que podría comprometer la efectividad del programa y aumentar el riesgo de corrupción.

“No sabemos cómo es que se están haciendo las transferencias y por eso, hemos podido acompañamiento por parte de los organismos de control para que sean ellos los que establezcan las presuntas irregularidades y se les hagan una especial vigilancia a estos recursos”, le dijo la parlamentaria al referenciado medio de comunicación.

Arbeláez también critica el enfoque del programa, alegando que, en lugar de ofrecer una verdadera alternativa a la criminalidad, podría terminar incentivando la delincuencia al pagar a jóvenes ya involucrados en actividades delictivas. La representante compara la estrategia con prácticas observadas en otros países, sugiriendo que el programa podría estar abriendo puertas a la infiltración de grupos criminales organizados.

“Nos parece peligroso porque, sin lugar a dudas, lo que se busca es reclutar jóvenes para estar al servicio del Gobierno. Es muy parecido a como se conformaron los colectivos chavistas en Venezuela, que eran jóvenes vinculados a dinámicas de criminalidad a quienes les empezaron a pagar bajo un programa muy parecido (...) se abre también una puerta a que, por ejemplo, se le estén haciendo transferencias a jóvenes vinculados al Tren de Aragua”, añadió la congresista de Cambio Radical.

El Ministerio de la Igualdad ha respondido a las críticas. Gareth Sella, viceministro de Juventud, aclaró que las fechas incorrectas en los registros son el resultado de errores en el sistema de gestión de datos y no reflejan pagos indebidos. Además, asegura que los datos de los beneficiarios son validados a través de múltiples entidades para evitar duplicidades y errores.

A pesar de estas aclaraciones, la ejecución del programa sigue siendo motivo de escrutinio. Con una ejecución del 1% de su presupuesto hasta julio y una cobertura del 28,7% de los jóvenes previstos para la primera fase, el programa enfrenta desafíos significativos. Los cuestionamientos persisten sobre la gestión de los recursos y la efectividad de la focalización, especialmente considerando que el costo estimado del programa podría alcanzar los $1,2 billones anuales.

El futuro del programa “Jóvenes en Paz” dependerá de la capacidad del Gobierno para resolver las irregularidades señaladas y demostrar que puede ofrecer una alternativa viable y efectiva para los jóvenes en riesgo.