Iván Cepeda pidió que se avance el proceso judicial contra Álvaro Uribe por presunto fraude y soborno a testigos: “Que no se dilate más”

El pasado 27 de agosto de 2024, el Tribunal Superior de Bogotá negó la nulidad interpuesta por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntas irregularidades en su derecho de defensa, en relación con el proceso judicial que enfrenta el exmandatario por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal.

Con ello, el tribunal reiteró que el expediente del líder del Centro Democrático seguirá en manos del juez 44 de conocimiento, por lo que deberán ser reagendadas las audiencias preparatorias antes de que Álvaro Uribe será llevado en un juicio penal.

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Durante este caso, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, fue declarado por la jueza 44 de conocimiento como víctima. En diálogo con Infobae Colombia, el congresista celebró la decisión del Tribunal Superior de Bogotá y espera que, con esta decisión, se pueda avanzar el proceso judicial contra el exmandatario.

“Esta es una decisión en derecho y afortunadamente comienza de nuevo las audiencias preliminares que son necesarias, y queremos que se desarrollen lo más rápidamente posible”, declaró el senador a este medio de comunicación.

De igual manera, hizo un llamado a las autoridades judiciales para “que no se siga buscando dilatar en el tiempo este juicio y que aboquemos realmente el fondo de una vez por todas”.

En una audiencia que no duro más de 30 minutos, el magistrado Manuel Antonio Merchán, encargado de estudiar la nulidad solicitada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe, confirmó la decisión del Juzgado 44 penal del Circuito de Conocimiento de negar la preclusión del caso por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal que enfrenta el líder del Centro Democrático.

“De manera inmediata para que continúe el trámite procesal en lo que corresponde decisión numérica del expuesto el Tribunal Superior de Bogotá hasta la decisión penal administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley resuelve: primero confirmar en lo que fue materia de apelación la decisión del 24 de mayo del 2024 mediante la cual el juzgado 44 Penal del Circuito con funciones de conocimiento Bogotá negó a la defensa técnica la nulidad de lo actual. Segundo contra esta decisión no procede recurso alguno notifíquese”, mencionó el magistrado durante la audiencia.

El pasado 24 de mayo de este año, Sandra Liliana Heredia, jueza encargada del expediente judicial contra el expresidente, había negado la petición de la defensa de que el proceso iniciara desde la fase de imputación de cargos, al considerar que no se vulneró el principio de congruencia jurídica, ya que la imputación puede ajustarse en la acusación.

En su momento, Jaime Granados, abogado defensor de Uribe, había argumentado que la indagatoria no permitió a su cliente ejercer plenamente su defensa al no precisar los hechos investigados, y señaló que era necesario detener el avance del juicio y reanudarlo desde la imputación de cargos, con el fin de tener absoluta claridad sobre los delitos imputados contra el exjefe de Estado.

No obstante, la jueza Heredia indicó que la indagatoria incluía la identificación adecuada de Uribe, la exposición del núcleo fáctico de la acusación y la comunicación de los derechos del procesado. Además, enfatizó que dicha indagatoria no dejó margen a la interpretación de que el imputado no comprendiera los cargos.

Esta postura fue respaldada por el Tribunal Superior de Bogotá, mencionando que la solicitud de nulidad no podría interpretarse como una táctica dilatoria para retrasar el proceso, por lo que se decidió que no proceden recursos adicionales contra el rechazo de la nulidad, manteniendo la continuidad del juicio.

La investigación contra el expresidente Álvaro Uribe inició en 2012 cuando el expresidente denunció a Iván Cepeda por presuntos vínculos con grupos paramilitares. Sin embargo, en 2018, el proceso dio un giro de 180 grados, ya que la Corte Suprema de Justicia decidió desvincular del caso a Iván Cepeda, y abrió una investigación contra el exmandatario, con el fin de indagar sobre la responsabilidad del exmandatario en los delitos mencionados.

Por este caso, en 2020 el alto tribunal ordenó la detención domiciliaria de Álvaro Uribe, aunque solo permaneció en esa condición por dos meses, luego de que el expresidente renunciara a su curul en el Senado y su caso pasara a manos de la Fiscalía.

Aunque la entidad, bajo la batuta de Francisco Barbosa, pidió reiteradamente la preclusión del caso, la justicia ha negado las peticiones, solo hasta el mes de mayo de 2024, cuando la Fiscalía, ahora liderada por Luz Adriana Camargo, acusó formalmente al exmandatario.