Alerta en la cadena de reciclaje en Bogotá, concejal denuncia explotación, mafias y vulneración de derechos

Fernando López Gutiérrez, concejal del Nuevo Liberalismo, expresó su preocupación ante las denuncias de los recicladores de oficio en Bogotá. De acuerdo con el Concejo de Bogotá, luego de una larga investigación, se revelaron varias irregularidades que afectan a estos trabajadores, vulnerando sus derechos y permitiendo prácticas ilícitas bajo esta fachada del reciclaje.

“A pesar de las disposiciones establecidas por la Corte Constitucional, que buscan dignificar la labor del reciclador y mejorar sus condiciones de vida, muchos recicladores continúan en situaciones paupérrimas, mientras líderes que dicen luchar por sus derechos se han enriquecido. Detrás de la fachada de la recolección de materiales reciclables, se esconden actividades ilícitas como el tráfico de drogas y fraudes en el sistema de facturación del aseo”, aseguró la entidad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Y es que las irregularidades no solo afectan a los recicladores, también en los ciudadanos que pagan sus facturas de aseo, las cuales se ven incrementadas como consecuencia de las prácticas fraudulentas de organizaciones de este gremio que manipulan las cifras de material recuperado.

“En 2023, Bogotá transfirió $217.000 millones a 441 organizaciones de recicladores y cada mes se transfieren más de $23.000 millones, una cifra alarmante considerando que el reciclaje real no supera el 15%, mientras las cifras reportadas indican un reciclaje del 34%. Esta distorsión se refleja en el aumento desproporcionado de las facturas de aseo, las cuales podrían alcanzar los $16.000 en diciembre de 2024 por concepto de tarifa de aprovechamiento, un incremento considerable desde los $4.629 que se pagaban en marzo del mismo año”, agregó el concejo.

El concejal Fernando López Gutiérrez afirmó que “no podemos permitir que los recicladores de oficio, quienes desempeñan una labor esencial para nuestra ciudad, sigan siendo explotados y manipulados por unos pocos que se enriquecen a costa de su trabajo. Es hora de dignificar verdaderamente su labor y poner fin a estas prácticas ilegales que afectan a toda la ciudadanía”.

Para el funcionario es indispensable garantizar a la ciudadanía la transparencia en el manejo de reciclaje, asegurando que los beneficios lleguen a las personas que trabajan cada día en esta profesión.

El 7 de julio del presente año entró en vigor la ley 2232 de 2022, que tiene como objetivo reducir y reemplazar los plásticos de un solo uso para proteger la biodiversidad, además de disminuir la contaminación en los ecosistemas.

El Pacto Nacional Colombia libre de plásticos de un solo uso se firmó en noviembre de 2023. De acuerdo con la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, esta iniciativa es un esfuerzo conjunto entre la industria, recicladores, distribuidores, el Congreso y jóvenes, con el fin de “avanzar significativamente en disminuir la contaminación de plástico en Colombia, que tiene casi un millón de toneladas de disposición final anualmente y que necesitamos reducir porque el plástico es hoy uno de los mayores contaminantes, sobre todo de fuentes hídricas, y lo que necesitamos es un uso más racional de ese plástico”.

La iniciativa espera eliminar gradualmente, en un lapso de dos a ocho años, 14 categorías de productos plásticos de un solo uso. Por otro lado, habrá excepciones para productos de utilización médica, así como plásticos que contengan productos químicos peligrosos, y aquellos usados para embalar residuos peligrosos.

La ley impondrá sanciones para los que infrinjan las normas con multas entre los 100.000 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a montos entre 130 millones y 65.000 millones de pesos. Además, los productos plásticos listados en el artículo 5 de la ley serán confiscados si se conoce que fueron comercializados de manera ilegal.