Sierra Nevada de Santa Marta en peligro: piden proteger 340 territorios

La Procuraduría General de la Nación solicitó medidas cautelares ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el objetivo de prevenir la destrucción y garantizar la no repetición de las conductas que han afectado los bienes culturales y el territorio ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta.

La solicitud busca proteger tanto el patrimonio material e inmaterial como los 348 sitios sagrados que conforman la “Línea Negra”, un sistema vital para las comunidades Arhuaca, Kogui, Wiwa y Kankuama.

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El delegado con funciones de coordinación de intervención ante la JEP, Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, destacó la importancia del trabajo conjunto realizado durante dos años con las cuatro comunidades de la Sierra Nevada y más de 16 encuentros interculturales. Este esfuerzo ha permitido, según Acosta Aristizábal, “conjugar todos los factores que han determinado las fuertes agresiones contra estos pueblos indígenas”.

Añadió que, “los 348 sitios sagrados afectados por el conflicto han sido algunos arrasados, ocupados, menguados, por eso esta solicitud que ha sido considerada por las magistradas como ‘histórica’, busca la efectividad de la prevención y recuperación que estos sitios demandan”.

La solicitud radicada ante la JEP tiene como fin último garantizar la protección de los derechos fundamentales de los líderes, lideresas y autoridades indígenas tradicionales, jurisdiccionales, político-administrativas y espirituales de estas comunidades. Al respecto, Christian Wolffhügel Gutiérrez, otro delegado de la Procuraduría, subrayó que el propósito de la medida es doble: “Por un lado, se busca proteger el territorio a través de los sitios sagrados como sistema vital, y por otro lado, al pueblo como tal y precaver futuras violaciones a los derechos humanos, a través de garantías de no repetición”.

Durante la jornada de socialización, la JEP resaltó que esta solicitud de medidas cautelares es sin precedentes en la jurisdicción, no solo por las características y el alcance de la protección solicitada, sino también por su conexión con varios macrocasos. Estos incluyen los macrocasos 01, 03 (subcaso Batallón la Popa I, Batallón La Popa II, Costa Caribe y Fase Nacional), 08, 09 (subcaso Sierra Nevada de Santa Marta y zonas de influencia) y el macrocaso 10.

Es importante recordar que la Jurisdicción Especial para la Paz acreditó a la Sierra Nevada de Santa Marta y a los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo como víctimas del conflicto armado en Colombia. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP les reconoció su calidad de sujetos colectivos de derechos en el caso que investiga los crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos. Esta acreditación es un paso crucial en el proceso judicial que la JEP adelanta en la Sierra Nevada y algunos municipios de la Serranía del Perijá.

La decisión tomó en cuenta las solicitudes presentadas por los cuatro pueblos indígenas, basadas en la documentación de los “hechos victimizantes y los daños graves, diferenciados y desproporcionados sufridos durante el conflicto armado”. Entre los crímenes documentados se incluyen asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, confinamientos, despojos, torturas, violencia sexual y basada en género, así como la profanación de sitios sagrados y la destrucción del territorio. Estos actos han tenido un impacto devastador en los planes de vida individuales y colectivos de estas comunidades, afectando su existencia física, cultural y espiritual.

Además, la decisión de la JEP consideró lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Ley 4633 de 2011, que reconoce el territorio como víctima, teniendo en cuenta la cosmovisión de los pueblos indígenas y su vínculo especial y colectivo con la madre tierra.

En este sentido, la JEP subrayó que los planes de vida de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada contienen elementos esenciales para la protección de sus derechos a la autodeterminación, autonomía, territorio, gobierno propio y unidad. La Unesco, en 2022, reconoció el sistema de conocimientos ancestrales de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada, inscribiéndolo en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, lo que refuerza aún más la importancia de la protección de este territorio y su cultura.