Iván Name enfrenta demanda de pérdida de investidura en Colombia

Iván Name, expresidente del Senado colombiano y miembro del partido Alianza Verde, enfrenta una demanda de pérdida de investidura por presunto tráfico de influencias de acuerdo con La W. La acción legal fue interpuesta por Juan Carlos Calderón España, representante de la Veeduría Ciudadana Nacional Recursos Sagrados, y ya fue admitida por el Consejo de Estado.

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“En el auto del 9 de agosto de 2024 se reseñaron los requisitos de la solicitud de pérdida de investidura según lo previsto en la Ley 1881 de 2018 y normas concordantes, se analizaron y determinaron, para el caso concreto, los cumplidos y no cumplidos por la solicitud (...) se encuentra legitimado para presentar la demanda de pérdida de investidura en su calidad de ciudadano, sin que requiera formularla a través de apoderado”, se lee en el documento.

Calderón acusa a Name de haber influenciado a la entonces alta consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, así como a Olmedo López y Sneyder Pinilla, todos ellos implicados en un caso de corrupción que ha sacudido al Gobierno Nacional en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la demanda, Sneyder Pinilla afirmó que Olmedo López le ordenó conseguir 4.000 millones de pesos para facilitar la aprobación de reformas gubernamentales en el Congreso, de los cuales 3.000 millones presuntamente llegaron a Name.

La investigación se centra en un controvertido contrato relacionado con la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira. Calderón alega que, bajo las directrices de Carlos Ramón González Merchán, Name recibió los fondos para favorecer las iniciativas legislativas del ejecutivo.

En su denuncia, Calderón recuerda que una de las causales para la pérdida de investidura es recibir, dar o prometer dineros o dádivas con fines personales o para terceros. Ahora será el Consejo de Estado quien determine la veracidad de estos alegatos y decida el futuro político de Iván Name.

El procedimiento de pérdida de investidura de un congresista es un tema de importancia crucial en el ámbito político y legal. Involucra la destitución de un legislador de su cargo en situaciones específicas que lo hacen incompatible con sus funciones representativas.

Las causales de esta medida son variadas y se enfocan principalmente en asegurar que los congresistas mantengan una conducta digna y acorde con su rol. Una de las razones puede ser la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, que se refiere a la participación en actividades o intereses personales prohibidos por la ley, pues podrían comprometer su imparcialidad. Asimismo, la inasistencia a reuniones plenarias es otro motivo. Si un congresista se ausenta de seis sesiones plenarias en las que se voten proyectos clave en un mismo período de sesiones, se puede enfrentar este proceso de pérdida de investidura.

Otra causa es no tomar posesión del cargo a tiempo, lo que ocurre cuando un congresista no asume su puesto dentro de los ocho días posteriores a la instalación de las Cámaras. Además, la indebida destinación de dineros públicos es otra causal significativa. Si se determina que el congresista ha utilizado fondos públicos de manera inapropiada, está sujeto a la pérdida de investidura. También es crítico el tráfico de influencias comprobado. Si se demuestra que un legislador ha usado su posición para obtener beneficios indebidos, puede ser destituido de su cargo.

Las consecuencias de este procedimiento son severas. La pérdida de investidura implica no solo la separación inmediata del cargo, también el cese definitivo del mandato del congresista afectado, lo que significa que ya no podrá ejercer sus funciones representativas. Este proceso busca salvaguardar la integridad y la ética del Congreso, asegurando que los parlamentarios actúen en beneficio del interés general del país y con independencia.

El mecanismo es esencial para mantener la confianza pública en las instituciones políticas y para garantizar que quienes ocupen cargos de representación popular lo hagan con el más alto grado de compromiso y rectitud. La idea es impulsar un comportamiento ético y acorde con las expectativas y necesidades de la sociedad, manteniendo el equilibrio y la legitimidad en el poder legislativo.