Cayeron Los Capucheros: autoridades desmantelaron red de estafas por más de $900 millones a través de cheques sin fondos

Gracias a un trabajo realizado por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Risaralda, logró desmantelar la operación de una red delictiva conocida como Los Capucheros.

La banda integrada por ocho personas es acusada de realizar estafas a través de cheques sin fondos, y sus víctimas eran ganaderos comerciantes de café, maquinaria industrial, motocicletas y vehículos. Se estima que los hoy detenidos serían responsables de pagar 29 cheques fraudulentos, cuyo valor total ascienden a más de 900 millones de pesos.

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De acuerdo con los elementos recolectados y las denuncias que fueron instauradas por varias de las víctimas, el grupo de investigadores logró la individualización y detención de los ocho presuntos integrantes, informó el ente investigador la mañana del sábado 31 de agosto de 2024.

Según lo que arrojaron las pruebas y los testimonios, los casos se habrían presentado en Pereira, Dosquebradas y Belén de Umbría (Risaralda); Manizales y Chinchiná (Caldas); Cartago, Buga y La Victoria (Valle del Cauca), Florencia (Caquetá) y Líbano (Tolima).

A partir de sus responsabilidades de forma individual, y tras ser presentado ante un juez de control de garantías, a las ocho personas se le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, estafa agravada, transferencia ilegal de cheque, falsedad personal, receptación y porte ilegal de armas de fuego.

Los investigados, según la información que compartió el ente investigador, son: “Francisco Norberto Antonio Perea, alias Negro Perea o Palomino, quien deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario; Raúl Amando Camacho Betancourth, Uriel Antonio Loaiza Cardona, José Roberto Agudelo Sánchez, José Hugo López Giraldo y Jhon Alexander Hernández Castrillón, que permanecerán privados de la libertad en sus lugares de residencia; y Óscar Julián Rivera Salazar y Óscar Eduardo Sepúlveda Saraza, que seguirán vinculados al proceso”.

La estructura ilegal operaba contactando a comerciantes a través de redes sociales y plataformas virtuales. Utilizaban documentos falsos para suplantar la identidad de personas y presentarse como clientes. Luego de negociar la compra de productos, entregaban cheques sin fondos y se llevaban la mercancía para posteriormente venderla.

Alias Negro Perea era el principal articulador de las operaciones, encargándose de seleccionar a las víctimas, comunicarse con ellas y ejecutar las compras fraudulentas. Los demás integrantes tenían roles específicos en la obtención de cheques, recogida de mercancía y su posterior venta.

Con este resultado las autoridades siguen en su objetivo de frenar esta modalidad de estafa, y durante lo corrido del año ha puesto al descubierto varias modalidades con las cuales los delincuentes estarían sacando productos financieros a nombre de ciudadanos.

Gracias a un operativo liderado por la Fiscalía General de la Nación, se desarticuló en Barranquilla una sofisticada red dedicada a la falsificación de cédulas y la suplantación de identidades para realizar fraudes en entidades bancarias.

Según informó el ente invetigador, los principales cabecillas de la organización, Cesar Elías García Morales y Sergio Andrés de la Puente Castillo, ya se encuentran judicializados, enfrentando múltiples cargos.

Entre las técnicas utilizadas por la red criminal destacaba la copia de huellas dactilares mediante látex, lo que les permitía acceder sin ser detectados a los sistemas de seguridad de las entidades financieras. Esto, según la Dirección de Delitos Informáticos, incluía el acceso ilegal a bases de datos exclusivas de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, de donde obtenían documentos vitales para sus actividades ilícitas.

La Fiscalía reveló que la organización criminal usaba estos documentos falsificados para solicitar préstamos, tarjetas de crédito y créditos en línea en nombre de las personas cuyas identidades habían suplantado. Este esquema permitió a los involucrados operar sin ser detectados por largos periodos.

El operativo que condujo a su captura fue respaldado por contundentes elementos de prueba que evidencian el uso de técnicas avanzadas de falsificación. Por todo lo anterior, García Morales y De la Puente Castillo enfrentan cargos que incluyen concierto para delinquir, violación de datos personales, falsedad en documento público y hurto por medios informáticos.