Formulan cargos contra exdirector de la Ungrd por irregularidades en contratos durante la pandemia

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Eduardo José González Angulo, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) durante el período 2018-2022, debido a presuntas irregularidades en la suscripción de cuatro contratos durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19.

Estas irregularidades, de ser confirmadas, comprometerían no solo la ética en la gestión de recursos públicos, sino también la respuesta del país en un momento crítico.

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La delegada Disciplinaria de Instrucción 6 para la Contratación Estatal, encargada de adelantar la investigación, sostuvo que González Angulo, en su calidad de ordenador del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, habría instruido a la Fiduprevisora, entidad encargada de la administración de la subcuenta para la mitigación de emergencias por covid-19, para que gestionara estos contratos.

Según la Procuraduría, la Fiduprevisora habría suscrito los acuerdos bajo la dirección de González con contratistas que no cumplían con los requisitos mínimos de capacidad jurídica ni de experiencia necesaria para llevar a cabo las actividades acordadas.

Los contratos, que fueron adjudicados a empresas dedicadas a actividades diversas como la venta de pólvora, la construcción, la comercialización de licores y la pesca, han sido objeto de investigación debido a la naturaleza de los servicios requeridos durante la pandemia.

En particular, el incumplimiento de un contrato valorado en más de $93.500 millones, cuyo objeto era el suministro de ventiladores para pacientes en unidades de cuidados intensivos, ha levantado serias preocupaciones, pues la falta de cumplimiento en este servicio, según la Procuraduría, podría haber tenido consecuencias graves para la salud de los pacientes afectados por el coronavirus, evidenciando una gestión irresponsable de los recursos asignados para enfrentar la emergencia.

El Ministerio Público, al profundizar en la investigación, determinó que González Angulo, con su posible comportamiento, habría vulnerado el principio de moralidad pública y pasado por alto el cumplimiento riguroso de los deberes funcionales inherentes a su cargo. Así las cosas, su proceder habría constituido una falta disciplinaria, la cual fue calificada provisionalmente como “grave a título de culpa gravísima”, debido a las implicaciones y el contexto en el que se dieron estos contratos.

Las acciones que se desprendan de esta formulación de cargos serán fundamentales para establecer responsabilidades y garantizar que la administración de recursos públicos en situaciones de emergencia se lleve a cabo con los más altos estándares de transparencia y eficacia.

Catherine Juvinao, representante del Partido Alianza Verde, expresó fuertes críticas contra la gestión de la Ungrd en la administración de Gustavo Petro. Según Juvinao, el Gobierno destinó $7 billones para enfrentar los desastres causados por el fenómeno de La Niña. Sin embargo, afirmó que hasta el momento no existe un plan de acción definido para utilizar esos recursos de manera efectiva.

“No sabemos cuáles municipios se están priorizando, cuáles son las inversiones que se van a hacer, cuáles son las acciones anticipatorias de respuesta, pero sí sabemos que van a meterle $7 billones a ese plan que no existe”, declaró Juvinao a W Radio. Además, indicó que lleva siete meses solicitando información mediante derechos de petición, sin obtener una respuesta satisfactoria.

En respuesta, el actual director de la entidad, Carlos Carrillo, desestimó las acusaciones de Juvinao, calificándolas de malintencionadas y motivadas por intereses políticos. “Yo soy profundamente respetuoso del Congreso de la República y de las labores del control político, lo que pasa es que otra cosa es el saboteo, la mentira, y eso es básicamente lo que está haciendo la representante Catherine Juvinao”, afirmó Carrillo durante una entrevista al mismo medio.

Carrillo justificó la ausencia de un plan de acción, señalando que este se construye en conjunto con los departamentos en riesgo. Indicó que ya emitió una circular solicitando aportes de los territorios para mayo de 2024, lo cual será clave en la elaboración del plan.

Finalmente, Carrillo invitó a Juvinao a informarse mejor sobre el funcionamiento de la entidad: “Es vergonzoso, que una representante a la Cámara, que aspira a ser senadora, y una de las más visibles además, ni siquiera entienda cómo funciona el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. En un avión, en una tarde, en uno de los muchos días libres que tienen los congresistas, porque ellos sí que tienen días libres, se podría sentar a leer la Ley 1523, que es la que crea el Sistema de Gestión del Riesgo y que lo rige”, concluyó el funcionario.