El exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela interpuso una demanda de nulidad contra las resoluciones del Gobierno que autorizaron el inicio de diálogos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidos como Clan del Golfo.
Ruiz alegó que las resoluciones 257 del 8 de julio de 2024 y 279 del 22 de julio de 2024, que facilitan la instalación de mesas de negociación con el grupo armado, representan un grave error que “premia a criminales y no respeta el Estado de derecho”.
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La demanda, radicada ante el Consejo de Estado, cuestiona la legitimidad y las implicaciones de estas resoluciones, que reconocen a los miembros del Clan del Golfo como participantes válidos en el proceso de paz, y autorizan la suspensión de órdenes de captura en su contra. “Esta guerrilla no es más que una bacrim, que se ha dedicado a extorsionar y atacar a la ciudadanía, irrespetando la vida y los derechos humanos,” expresó Ruiz en un comunicado.
En su denuncia, el exministro no solo cuestionó la legitimidad de las resoluciones, sino también la intención del Gobierno de negociar con un grupo que, según él, ha demostrado un patrón de comportamiento criminal y violento. “El Clan del Golfo quiere esconder su actuar criminal bajo el nombre de guerrilla. Recordemos que este grupo tuvo como máximo cabecilla a Otoniel, quien se dedicó al narcotráfico y violación de menores. No entendemos cómo el Gobierno nacional ignora el asecho de esta organización a la población y, por el contrario, quiere premiarlo”, argumentó Ruiz.
Ruiz, que firmó la extradición de Otoniel y combatió la producción de drogas durante su tiempo en el cargo, subrayó que las negociaciones para la paz son necesarias, pero deben estar condicionadas a un cese de hostilidades y al respeto absoluto por los derechos humanos y la Constitución. “Las negociaciones en búsqueda de la paz son bien recibidas, siempre y cuando las acompañe el cese de hostilidades, el respeto por la dignidad humana y que su expedición esté conforme a la Constitución y la ley,” añadió.
En un video publicado en su cuenta de X, el exministro dejó claro que no está dispuesto a permitir impunidad para los criminales. “No le vamos a dar impunidad a los criminales. He interpuesto una demanda ante el honorable Consejo de Estado que busca que los integrantes del Clan del Golfo, que hoy están en negociación, reciban una condena ejemplar por su actuar criminal en nuestro país”, concluyó.
Cabe recordar que, el Gobierno, mediante la resolución 257 del 8 de julio de 2024, estableció un espacio de diálogo sociojurídico con el Clan del Golfo, buscando verificar su voluntad de transitar hacia el Estado de derecho y fijar los términos de sometimiento a la justicia. Álvaro Jiménez Millán ha sido designado como coordinador de los representantes gubernamentales en estas negociaciones.
Uno de los puntos más controversiales de este proceso es la solicitud del presidente Gustavo Petro de suspender las órdenes de captura contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, y sus colaboradores.
Esta medida ha sido criticada por Ruiz, que considera que tales decisiones premian a quienes han cometido graves crímenes. El Gobierno ha especificado que la suspensión de las órdenes de captura solo procederá si el Comisionado de Paz confirma que los miembros del Clan del Golfo han demostrado su compromiso con el desmantelamiento de sus estructuras.
El Gobierno ya había establecido un cese al fuego con el Clan del Golfo durante la actual administración de Gustavo Petro, pero este fue levantado en marzo de 2023 tras los ataques del grupo armado contra la población civil en el Bajo Cauca antioqueño. Este contexto ha avivado el debate sobre la legitimidad y los efectos de las actuales negociaciones.