Durante los primeros dos años del Gobierno del presidente Gustavo Petro, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) firmó 38 contratos con diversas entidades del Estado colombiano, generando un total de 160.000 millones de pesos, según datos del portal Secop recopilados por El Tiempo.
Esto representa un incremento notable comparado con los 44 acuerdos, por un valor de 94.000 millones de pesos, firmados durante los cuatro años del anterior gobierno.
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Uno de los contratos más destacados es con el Ministerio de Educación Nacional, con un valor de 49.154 millones de pesos, firmado por contratación directa el 4 de marzo y vigente hasta el 31 de diciembre, centrado en la implementación del Sistema Indígena de Educación Propio (Seip), informó el diario.
Desde el 7 de agosto de 2022, el valor de los contratos destinados directamente a la Guardia Indígena asciende a 7.000 millones de pesos, provenientes de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Estos contratos se enfocan en la financiación y capacitación del cuerpo de protección de las comunidades indígenas.
Este incremento en la contratación con la Guardia Indígena responde a la necesidad de abordar los retos del conflicto armado y el reclutamiento forzado de jóvenes en territorios indígenas, como han demandado en sus marchas recientes en Bogotá.
Aún así, la Cric sigue presente en Bogotá y ha comunicado su intención de mantener su protesta hasta ser atendidos por el presidente.
“Como Cric tenemos una propuesta de diálogos humanitarios para la vida con perspectiva de paz, una propuesta de atención integral para atender los niños, niñas y jóvenes que por una u otra circunstancia son reclutados”, expresó recientemente Rosalba Velasco, consejera mayor.
De los 38 contratos que ha firmado el Cric, 18 se realizaron con el Ministerio del Interior, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic) y la UNP, sumando un total de 55.558 millones de pesos. En particular, un acuerdo con el Ministerio del Interior por 13.500 millones de pesos fue suscrito para “aunar esfuerzos para el Fortalecimiento de las dinámicas propias de los pueblos indígenas del Cric Nacional, desde el sistema indígena de gobierno propio” y tuvo vigencia del 4 de septiembre al 15 de diciembre del año pasado.
Otro ámbito significativo de los acuerdos del Cric incluye capacitaciones y la mejora de capacidades digitales en las comunidades, con el Fontic contribuyendo con 15.418 millones de pesos en seis acuerdos. Estos incluyen donaciones de centros TIC con toda su dotación en Caldono (Cauca) y de 112 millones de pesos en equipos como cámaras, micrófonos, equipos de audio, consolas, grabadoras, computadores de manera que las comunidades puedan crear sus propios proyectos audiovisuales. Un acuerdo firmado el 19 de julio, por valor de 8.289 millones de pesos, está destinado a crear espacios de participación ciudadana y contenidos multiformato para la inclusión social digital, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Los contratos con la UNP abarcan seis acuerdos por un valor de 7.046 millones de pesos, destinados principalmente a la protección y seguridad de los líderes indígenas del Cric. Un convenio celebrado el 2 de febrero de 2023, destinado a 30 líderes indígenas cobijados por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvo un valor inicial de 2.401 millones de pesos. Sin embargo, este monto fue modificado a 3.106 millones de pesos tras una petición del CRIC, que destacó la necesidad de ajustar el valor por razones salariales y logísticas.
“Se acordó para la ejecución del convenio de medidas cautelares, un valor de 3.106′334.122 millones de pesos, ratificado en la comisión Mixta del 16 de mayo, el cual por cuestiones internas y administrativas de la unidad debió de modificarse ese valor y dejar la expedición del documento de Disponibilidad presupuestal por un monto de $2.199′321.040 millones de pesos, valor en un primer momento no acordado”, dice el Cric de acuerdo con El Tiempo.
El Cric, en cumplimiento de estos acuerdos, se responsabiliza de “contratar el número de guardias indígenas necesarios para la protección de los líderes indígenas beneficiarios” e “implementar el esquema de seguridad” correspondiente dice el contrato.
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