En medio del proceso de selección para los ternados que buscan llegar a la Procuraduría General de la Nación y reemplazar a Margarita Cabello en la dirección del organismo de control y vigilancia, han surgido dudas sobre cómo se elige a la persona ideal para el cargo. Por eso, el congresista Alejandro Ocampo envió un derecho de petición a las altas cortes, indagando sobre los criterios que se tienen en cuenta para determinar quién ocupará el puesto.
Preguntó entonces si se tiene en cuenta los estudios de posgrado de los aspirantes, como doctorados y maestrías, que haya fungido como juez de la República o que haya escrito y publicado libres afines al cargo al que quiere llegar, como por ejemplo, de derecho disciplinario. Sin embargo, en la respuesta que recibió se niega que estos puntos se evalúen.
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“Ellos sencillamente dicen: ‘No, nada de eso aplica’. Acá el criterio, para que sea más general e inclusivo, no generan ningún mecanismo diferencial, es decir, no hay ningún mecanismo para elegir el mejor. Acá no se garantiza que se elija el más preparado, el que más sabe, el doctrinante, el que lleva tiempo en ejercicio, los jueces no califican, acá el criterio es político”, explicó el representante a la Cámara por el Pacto Histórico en conversación con W Radio.
Comparó este panorama con el de los docentes universitarios en el país, a quienes se les elige según el tiempo y la experiencia que tienen, estudios y demás requisitos.
En ese sentido, aseguró que queda evidenciada la burocracia que se maneja en la Procuraduría, a donde únicamente llegan políticos determinados por intereses propios. Esto, afirmó, sería suficiente razón para reformar o eliminar el organismo de control y vigilancia. “Ese es un botín que se reparten muchos congresistas; los jefes políticos ponen allí a sus amigos y sus amigos van y persiguen al que es enemigo político”, aseveró el funcionario al medio citado.
Incluso, sostuvo que no hay manera de garantizar que se sancione de manera correcta a los funcionarios que no ejercer debidamente sus cargos o que tienen un mal manejo de los recursos públicos. Pues, desde su punto de vista, aquellos que tienen padrinos políticos se ven beneficiados, mientras que los que no, no pueden defenderse y se ven arrinconados por la Procuraduría.
“Es lo que hoy pasa, de hecho, con la procuradora, y con las personas que no son afines a ella: funcionarios del Gobierno Petro y otras alcaldías”, añadió el representante a la Cámara.
En X se refirió al tema, criticando el proceso de selección. “Necesitamos que la ciudadanía sepa como se elige un procurador, porque el mensaje nefasto que están dando es que toman a cualquier delfín de caciques políticos y no a las personas con la preparación y la experiencia pertinente”, aseveró.
De acuerdo con la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), una organización caracterizada por promover la independencia de la Rama Judicial, para ser procurador o procuradora General de la Nación se necesita ser un ciudadano en ejercicio, tener un título en Derecho, y no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, excepto por delitos culposos o políticos. También se exige una experiencia de 15 años en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, así como haber ejercido por el mismo tiempo la profesión de abogado o de cátedra en universidades.
El artículo 276 de la Constitución Política establece que para elegir a la persona que ocupará el cargo se requiere de una ponderación entre candidatos presentados por el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Los aspirantes también deben presentar entrevistas para mostrar su idoneidad para el puesto.