Con plantón ante la Fiscalía, sectores opositores al Gobierno Petro pedirán la liberación inmediata de secuestrados

En las instalaciones del famoso búnker de la Fiscalía General de la Nación se llevará a cabo el viernes 30 de agosto de 2024, a partir de las 11:00 a. m., un plantón en el que miembros de los partidos de oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro, además de organizaciones no gubernamentales y movimientos de ciudadanos, exigirán que se liberen en Colombia la totalidad de secuestrados por los grupos armados.

El punto de encuentro será el corazón del ente acusador. El motivo, según explicó el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, es porque se quiere pedir justicia frente a los cerca de 260 casos que se han registrado en el territorio, solo en 2024, por parte de organizaciones al margen de la ley como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, entre otros.

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Justo cuando se conmemora en todo el planeta el Día Internacional contra el secuestro y la desaparición forzada: una fecha que se aprobó por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en diciembre de 2010, como parte de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, y que empezó a recordarse desde 2011.

“¡Exigimos CERO SECUESTROS! Mientras haya personas secuestradas y la justicia guarde silencio ante los reclamos de las víctimas, no habrá paz en Colombia. Mañana, en el búnker de la Fiscalía, todos unidos para exigir respuestas y la liberación inmediata de nuestra gente”, comentó la excandidata presidencial y exsecuestrada por las extintas Farc Ingrid Betancourt, que recuperó su libertad en la Operación Jaque.

En la movilización también aparecen como convocantes su hermano, el concejal de Bogotá Julián Uscátegui, la ONG Hijos de los Héroes Col. y la plataforma Voces del Secuestro Universal: un espacio digital que es dirigido por Jouseph Aly Hoyos, que es hijo del periodista Herbin Hoyos, que durante 24 años propendió porque en Colombia cesara este flagelo y se lograra la liberación de todos los privados de la libertad.

Según reseñó el congresista Uscátegui, casos como el de Sanín Antonio Mena Pérez, que está secuestrado desde hace más de un año por el ELN, son los que motivaron a los organizadores a convocar a esta movilización en frente de las instalaciones, donde labora la fiscal General Luz Adriana Camargo: que recientemente levantó órdenes de captura de miembros de las disidencias y del Clan del Golfo.

La concentración también tiene como objetivo pedir por los múltiples secuestros de secuestrados y policías, por parte de las guardias indígenas y campesinas del país, como sucedió en San José del Guaviare el 10 de agosto, cuando fueron retenidos cerca de 98 uniformados: en un hecho que habría sido motivado por la estructura Jorge Suárez Briceño, que hace parte de las disidencias de las Farc.

A su vez, otro de los temas desaparición de los Soldados José Aron Medina y Alexander Ante en Caracas. “Necesitamos respuestas con la situación de los militares retirados colombianos desaparecidos en Venezuela y que aparentemente se encuentran retenidos en Rusia”, afirmó el convocante durante la sesión del jueves 29 de agosto en el Congreso.

Y, como forma de combatir esta práctica que va en contra del derecho internacional humanitario, el representante radicó, con firmas de miembros del Centro Democrático, Liberal, Conservador y Alianza Verde, un proyecto de ley que busca crear el Reporte Público de Secuestrados: una propuesta que ha generado consenso en la corporación.

El mismo, de acuerdo a lo que explicó su promotor, propone crear un reporte público de secuestrados en cabeza del Ministerio de Defensa y en coordinación con el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño; la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, “con el fin de tener información actualizada y verificada de los casos de secuestro, además de darles mayor visibilidad”.

Al parecer, existiría una diferencia de información entre los reportes de diferentes entidades gubernamentales, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Ministerio de Defensa Nacional; pues el primer ente reportó 171 casos entre enero y julio de 2024, mientras que el segundo solo 110; que contrastan con las cifras que manejan los colectivos antisecuestros, que son de 260 víctimas.