La Fiscalía General de la Nación dio a conocer en la tarde del jueves 29 de agosto de 2024 que Edith Johanna Soto Fajardo, presunta autora de extorsiones a dueños de restaurantes y locales de comida rápida en Neiva, fue enviada a la cárcel.
Desde el ente acusador explicaron que la mujer fue cobijada con medida de aseguramiento por orden de un juez penal municipal con funciones de garantías, quien la consideró un peligro para la comunidad.
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Durante las audiencias preparatorias, el fiscal explicó que la acusada habría realizado las extorsiones en nombre de las disidencias de las Farc, autodenominándose “cabecilla de finanzas”.
Además, la Fiscalía indicó que Soto Fajardo utilizaba llamadas telefónicas y mensajes instantáneos para comunicar a las víctimas sobre los pagos, que podían alcanzar hasta dos millones de pesos. Negarse a cumplir con sus demandas podría haber desencadenado atentados contra las víctimas, sus familias y sus negocios, indicaron las autoridades.
De igual forma, desde el ente acusador explicaron que la captura de Edith Johanna Soto Fajardo fue posible gracias a la denuncia de una de las víctimas.
Así las cosas, en un operativo conjunto entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Gaula Militar, se logró su detención en el barrio Bosques de San Luis, en el sur de Neiva. La Fiscalía detalló que la captura se efectuó mientras Soto Fajardo se disponía a recibir 700.000 pesos, presuntamente correspondientes a un pago extorsivo.
El proceso judicial que Soto Fajardo enfrenta incluye la imputación del cargo de tentativa de extorsión agravada, en el cual la Fiscalía sostiene que el involucramiento de las disidencias de las Farc representa un agravante significativo.
De hecho, en el momento en el que ordenó su encarcelamiento preventivo, el juez recalcó en el peligro que la acusada representa para la comunidad, atendiendo a los detalles y al modus operandi descritos por el ente investigador.
Extorsión, uno de los crímenes más frecuentes en el país
Es imperativo añadir que según cifras entregadas por la Policía Nacional, en el año inmediatamente anterior se registraron 9.548 casos de extorsión en el territorio nacional. Sin embargo, las autoridades enfatizaron en que el 77% de los episodios no fueron “exitosos” para los criminales.
Además, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer en octubre de 2023 que para ese momento se habían registrado 3.130 víctimas de este delito desde enero del mismo año. Dicha cifra se habría incrementado en medio de la tensa situación de orden público que se vive en algunas regiones del país.
Por tal motivo, las autoridades solicitaron a los organismos encargados dar pleno funcionamiento a los inhibidores de señales telefónicas en inmediaciones a las cárceles en el país.
Según indicó el procurador delegado Javier Sarmiento en agosto de 2023, la situación, que ha sido puesta en conocimiento de las autoridades a través de múltiples llamados de alcaldes y gobernadores del país, empeora además con el creciente hacinamiento que se registra en los centros penitenciarios. Dicho fenómeno no solo se daría en las cárceles, sino también en las estaciones de Policía.
Qué hacer en caso de ser víctima de extorsiones
Las autoridades recomiendan denunciar cualquier intento de extorsión de inmediato. Es común que las víctimas se sientan avergonzadas o temen represalias, lo que les impide buscar ayuda. Sin embargo, las entidades competentes aseguran que es un paso crucial no solo para detener a los estafadores, sino también para proteger a otras posibles víctimas.
Además, se sugiere a los ciudadanos a tomar precauciones adicionales al navegar por internet, especialmente en sitios de contenido adulto, que pueden ser un terreno fértil para este tipo de actividades fraudulentas.
Entre las medidas preventivas, se sugiere el uso de herramientas de navegación segura, como redes privadas virtuales (VPN) y programas de protección contra malware, así como evitar la divulgación de información personal en plataformas que no ofrecen garantías de seguridad.