Un conflicto surgió en el Caribe relacionado con la empresa de energía Air-e, tras las denuncias de varios usuarios que se sintieron afectados por supuestos cobros indebidos en sus facturas. Los usuarios en la costa informaron sobre una supuesta penalización que, según ellos, se reflejó en sus recibos de energía. Este cargo adicional sería por concepto de “comercialización”, un ítem que, según los ciudadanos, no debería estar incluido en sus facturas.
El economista Jorge Vergara, en un análisis detallado, expuso su preocupación en las redes sociales. “Air-e está penalizando a los usuarios cobrándoles por comercialización $392. Un robo primero por ser una tarifa superior a la que factura a usuarios y segundo porque lo único que puede cobrarles es la lectura del medidor, la entrega del recibo. Y eso debe valer $20.000”, alertó Vergara en su cuenta de X.
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En respuesta a estas alegaciones, la empresa Air-e emitió un comunicado aclaratorio en el que niega que los cobros correspondan a penalizaciones. Según la empresa, el valor observado en las facturas de los usuarios corresponde a la Opción Tarifaria de energía, un cargo que es parte de la regulación establecida por la Resolución de la CREG 101 028 de 2023. Air-e explicó que este cargo es un componente regulatorio asociado a la recuperación de la Opción Tarifaria, lo que generó un ajuste en las tarifas respecto a los valores históricos.
“En este sentido, y dado que a los usuarios se les debe realizar el cobro de este componente de Comercialización, la inclusión del Costo de Opción Tarifaria (COT) en esta variable fue la que provocó el ajuste. Es decir, esto se debe a un cargo completamente regulatorio alejado de cualquier penalización de Air-e que siempre ha apoyado la inclusión de estos proyectos en su red”, señalaron desde la empresa.
Las tarifas del Caribe
Los residentes de la costa Caribe colombiana expresaron su frustración debido a la falta de respuesta del Gobierno nacional y de las empresas del sector eléctrico a sus solicitudes para reducir el costo del servicio en la región. Como resultado, un grupo de ciudadanos de los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar anunciaron la realización de un paro cívico. Este movimiento busca exigir una disminución justa en las tarifas de energía, ya que muchos argumentan que no tienen los recursos suficientes para cubrir los altos costos.
Aníbal Barros, integrante de la Liga de Servicios Públicos de Valledupar y portavoz de la protesta, comentó que esta iniciativa refleja la desesperación de la población, que se ve forzada a elegir entre alimentarse o pagar la factura de energía. “Queremos canalizar de manera pacífica esa ira, ese dolor de tener que dejar de comer por pagar las tarifas. Sin embargo, sigue el mal servicio y los abusos de corte de energía, afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables”, dijo Barros.
Durante una reunión, Aníbal Barros también anunció la formación de un Frente Amplio de Servicios Públicos, una estrategia para fortalecer la lucha ciudadana contra las elevadas tarifas de energía en la región Caribe. Además, recordó que el 12 de octubre se llevará a cabo una audiencia pública de la Comisión Quinta del Senado y la Cámara de Representantes en Riohacha, La Guajira. En este encuentro, estarán presentes funcionarios del Gobierno Nacional, autoridades departamentales, representantes de las empresas de energía y líderes comunitarios para abordar esta problemática.
Mientras tanto, la empresa comercializadora Air-e, que proporciona el servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira, anunció que los cortes de energía, conocidos como Períodos de Continuidad del servicio, se reanudarán en septiembre si no se logran avances en la renegociación de los contratos de energía entre las empresas generadoras y comercializadoras.