Petro ordenó comprar terrenos de la Sierra Nevada para ampliar el territorio de los arhuacos: “Los pueblos indígenas tienen su propia diversidad y sus propios conflictos”

El presidente Gustavo Petro asistió en la tarde del 28 de agosto a un diálogo con la comunidad arhuaca en la Sierra Nevada de Santa Marta.

En el encuentro, el mandatario le ordenó a Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que adelante la compra de tierras productivas que están en la Sierra Nevada de Santa Marta. (la compra sería entre la reserva y la línea negra de la Sierra Nevada).

Dichos terrenos se le adjudicarían a campesinos y también se destinaría para expandir la reserva indígena de los arhuacos.

“Esto será para ampliar el espacio cultural y biológico de los pueblos indígenas de la Sierra. A los cuales les pido un acuerdo de paz, por que el corazón del mundo tiene que ser un corazón en paz, sin armas”, aseguró el mandatario en su visita a los arhuacos.

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Petro también propuso un pacto interétnico para las comunidades indígenas y un plan de reforma agraria para que los campesinos y las comunidades no entren en conflictos por la tierra y para que la Sierra Nevada sea un ‘territorio de paz’.

“La seguridad es esa. La seguridad es que no existan armas en la Sierra Nevada de Santa Marta y pasa por un pacto entre los pueblos indígenas, que tienen su propia diversidad y sus propios conflictos”, aseguró el presidente Gustavo Petro durante la visita a los Arhuacos”, agregó Petro.

El presidente también le pidió a la ANT acelerar el proceso de compra de tierras argumentando que solo tienen dos años para hacerlo realidad.

Igualmente, afirmó que el carbón es el veneno más grande del mundo e hizo un llamado para encontrar otras herramientas para reemplazarlo: “tenemos que buscar otras fórmulas de desarrollo. Los territorios deben ser los primeros en liderar ese debate”.

”Hoy podríamos tener balances, hoy podríamos ver si las visiones de desarrollo que tenían con el carbón, la pavimentación, el poder conquistador blanco que aniquila las diversidades eran lo correcto para el Caribe y para Colombia. O si las maneras de pensar con una visión indígena, una visión cohabitante con la naturaleza era mejor. Yo tengo que decirles después de 2 años en la presidencia que los indígenas tenían razón, y esta discusión tiene que darse en Colombia”, señaló el mandatario.

Por otra parte, confirmó que se instalarán nuevas granjas solares y criticó los altos costos de los servicios de energía en la zona, al ser estos “provenientes del carbón y no del sol”.

El mandatario ve en este diálogo con las comunidades una oportunidad para comprender mejor cómo estos ven los avances de su administración. Además, el presidente Petro busca explorar cómo desde estas comunidades se pueden aportar ideas y recursos para implementar sus políticas gubernamentales.

La Agenda Nacional Campesina expresó su preocupación ante un decreto que, según ellos, podría incrementar los conflictos por la tierra y dejar a los campesinos subordinados a las órdenes de las comunidades indígenas del Cauca.

Este decreto, denominado Atea (Autoridades Territoriales Económico Ambiental), fue acordado por el presidente Gustavo Petro y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), en medio de una minga que los indígenas llevan a cabo en Bogotá.

El decreto está diseñado para fortalecer la autonomía territorial de las poblaciones ancestrales, protegiendo así sus territorios frente a terceros y potenciando la jurisdicción especial indígena. Según Yesid Conda, consejero mayor del Cric, el documento también busca impedir la entrada libre de proyectos mineros en los territorios indígenas y promover el comercio indígena mediante la creación de una zona franca indígena.

Desde la Agenda Nacional Campesina, uno de sus portavoces manifestó que “...esto solo aumentará la intensidad de los conflictos por la tierra, el territorio y la autoridad entre campesinos e indígenas”, y enfatizó la necesidad de un pacto intercultural por el territorio. Según ellos, la asignación de tierras en zonas de reserva forestal y baldíos podría pasar a ser controlada por las autoridades indígenas, subordinando así a los campesinos que habitan esas áreas.

Los campesinos reclaman que las medidas pactadas en el decreto Atea podrían dejarlos bajo la autoridad del Cric, lo cual debe ser abordado mediante diálogo intercultural y no imposiciones.

En julio, los campesinos ya habían protestado por el lento avance de la reforma agraria y acordaron la posibilidad de construir zonas de reserva campesina en áreas históricamente protegidas contra la deforestación, lo cual está prohibido desde 1959.

Entre tanto, los 4.500 indígenas que llegaron a Bogotá exigen el fortalecimiento de sus territorios. Alegan que hay iniciativas para adjudicar predios en sus tierras ancestrales a terceros como parte de la reforma agraria y que las multinacionales extranjeras están incidiendo negativamente en estas áreas.