En un suceso ocurrido en la madrugada del 29 de agosto, nueve turistas bogotanos resultaron heridos cuando el techo de la cabaña en la que se alojaban en el ecohotel Selvaluna, ubicado en la costa pacífica colombiana, colapsó sobre ellos.
El accidente tuvo lugar en medio de una intensa tormenta eléctrica que azotó la región, concretamente Buenaventura, una de las zonas más biodiversas, pero también más vulnerables del país debido a su alta exposición a fenómenos climáticos.
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Según testimonios de los afectados, alrededor de la medianoche, una fuerte ráfaga de viento seguida de un estruendoso trueno sacudió la estructura de madera de la cabaña, provocando el colapso del techo sobre ellos.
Pese al estruendoso impacto de la estructura, solo una persona resultó con heridas considerables en su rostro, mientras que los demás sufrieron contusiones y lesiones leves.
De acuerdo con la denuncia que se dio a conocer a través de la cuenta de X del medio Revista Alternativa, la situación se complicó aún más debido a una presunta falta de preparación del personal del ecohotel Selvaluna para enfrentar una emergencia de este tipo.
Según la denuncia del accidente pese al impacto que derrumbó la estructura no evidenciaron los turistas que contaran con un botiquín disponible ni personal capacitado para brindar primeros auxilios.
En la denuncia se incluyen fotografías que muestran a la persona que sufrió las heridas más graves en el accidente. Las imágenes revelan una curación improvisada realizada por los turistas bogotanos para detener el sangrado y proteger la herida abierta de posibles infecciones.
Este incidente pone en evidencia la vulnerabilidad de algunos establecimientos turísticos en regiones apartadas del país, donde la falta de infraestructura ofrecida bajo una idea de ‘turismo rústico’ y la inadecuada preparación para enfrentar emergencias pueden poner en riesgo la vida de los visitantes.
Precisamente Infobae accedió a uno de los videos en el que se promociona el establecimiento turístico, en las imágenes se aprecia una estructura rústica.
Por el momento, las autoridades de Buenaventura no han emitido ningún pronunciamiento al respecto. Se espera que en las próximas horas el establecimiento turístico brinde sus primeras declaraciones del fuerte incidente.
Qué consecuencias podría afrontar el establecimiento turístico
Una de las principales consecuencias sería la responsabilidad civil. Los administradores y propietarios del ecohotel podrían ser demandados por los turistas afectados, quienes tendrían derecho a reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios. Esto incluiría los costos médicos, el sufrimiento causado y cualquier otro daño emergente o lucro cesante. La cuantía de estas indemnizaciones dependerá de la gravedad de las lesiones y del impacto que estas tengan en la vida de las víctimas.
En el ámbito penal, si se evidencia que el colapso fue resultado de negligencia o imprudencia grave, como falta de mantenimiento o construcción deficiente, los encargados podrían enfrentar cargos penales. El artículo 368 del Código Penal colombiano establece que quien por culpa grave cause un accidente en el que se ponga en peligro la vida o integridad física de las personas puede ser sancionado con pena de prisión. En casos extremos, si se comprobara que hubo dolo o una omisión intencionada de medidas de seguridad, las penas podrían ser más severas.
Además, podrían enfrentarse a infracciones administrativas. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y otras autoridades regulatorias podrían imponer multas o sanciones administrativas al ecohotel por incumplir las normas de seguridad y salubridad exigidas para operar en el sector turístico. También podrían ordenar la clausura temporal o definitiva del establecimiento hasta que se subsanen las irregularidades detectadas.
Finalmente, es posible que se inicien investigaciones por parte de la Fiscalía y la Procuraduría. La Fiscalía General de la Nación podría investigar de oficio para determinar si hubo omisión de medidas de seguridad por parte del ecohotel. En paralelo, la Procuraduría General de la Nación podría investigar la actuación de las autoridades locales si se evidencia una falta de supervisión o permisividad en la expedición de licencias o certificaciones.