Hidroeléctrica Urrá defiende transparencia en contratos y niega injerencia política tras acusaciones de irregularidades

El ingeniero Eduardo Díaz, presidente encargado de la Hidroeléctrica Urrá, respondió a las recientes acusaciones sobre supuestas irregularidades en la asignación de contratos para la venta de energía, de acuerdo con declaraciones entregadas a la emisora colombiana W Radio.

Estas acusaciones apuntan a que unas 10 empresas comercializadoras habrían recibido contratos sin un criterio técnico claro, según una investigación realizada por el periodista Jorge González.

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Díaz aclaró que la empresa siempre ha seguido un proceso riguroso para la venta de energía, cumpliendo con la normativa vigente. Explicó que cualquier proponente que solicite energía pasa por un análisis detallado en la empresa, donde se revisan aspectos como sus estados financieros y su capacidad de pago.

Además, mencionó que las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) establecen filtros para garantizar que los comercializadores cumplan con los requisitos, ya que un incumplimiento podría afectar a otros actores del mercado.

En cuanto a las 10 empresas señaladas, Díaz afirmó que todas cumplen con la regulación y que ninguna ha fallado en sus pagos durante el tiempo que llevan operando. Subrayó que algunas de estas empresas tienen más de 10 o 15 años vendiendo energía sin problemas.

A través de un comunicado, la Hidroeléctrica Urrá defendió su proceso de adjudicación de contratos, asegurando que no existen vínculos indebidos ni relaciones privilegiadas con ninguna empresa comercializadora. La empresa destacó que los contratos de venta de energía se adjudican de manera transparente y competitiva, y que cualquier sugerencia de favoritismo o colusión es infundada y carece de base real.

En cuanto a la supuesta injerencia política de la llamada ‘Casa Calle’, conformada por el alcalde de Montelíbano, Gabriel Calle Demoya, el diputado Gabriel Calle Aguas y el representante a la Cámara, Andrés Calle, en la toma de decisiones dentro de la hidroeléctrica, las directivas de Urrá fueron enfáticas en que las decisiones de la empresa son de carácter técnico y no responden a intereses políticos.

Según las directivas, desde la construcción y operación de la Central Hidroeléctrica Urrá, las decisiones han sido tomadas con base en criterios técnicos, sin interferencias externas.

En una reciente entrevista con la emisora colombiana la W Radio, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, abordó las preocupaciones sobre la Hidroeléctrica de Urrá, luego de que se dieran a conocer denuncias sobre posibles irregularidades en la adjudicación de contratos de venta de energía.

Según una investigación del periodista Jorge González, presentada por el medio, se identificó una posible concentración de contratos, que aparentemente se estarían otorgando sin seguir un criterio técnico riguroso, beneficiando a un grupo reducido de empresas.

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El valor de estos contratos podría superar los 1,4 billones de pesos y estarían concentrados en diez empresas, de las cuales dos están ubicadas en Villapinzón, Cundinamarca. Ante estas revelaciones, Bonilla comentó que la junta directiva de la hidroeléctrica desconocía estos detalles y que la información les llegó a través de una fuente anónima. A raíz de esto, la junta solicitó investigar y obtener información detallada sobre estas contrataciones.

El ministro también se refirió a la polémica en torno al supuesto vínculo del congresista Andrés Calle con estas actividades. Si bien afirmó no tener conocimiento específico sobre su involucramiento, destacó que la hidroeléctrica enfrenta un conflicto político interno significativo, al punto de que la junta directiva solicitó el reemplazo del presidente de la entidad.

Según Bonilla, la situación llegó a tal extremo que el presidente de la hidroeléctrica presentó una tutela ante un juez, pero finalmente, la junta designó a un presidente encargado mientras se busca un reemplazo definitivo.

Además, Bonilla reveló que Ecopetrol ha manifestado interés en adquirir la Hidroeléctrica de Urrá, pero enfrenta un obstáculo legal: la Ley 142 le impide comprar generadoras de energía porque ya posee a ISA, una compañía de transmisión. Por lo tanto, si Ecopetrol desea proceder con esta adquisición, necesitará asociarse con otra entidad.