Congresistas Provida buscan anular reglamentación del aborto en Colombia y presentan demanda ante el Consejo de Estado

Un grupo de congresistas autodenominados “bancada Provida” presentó una acción de nulidad ante el Consejo de Estado, buscando anular la circular emitida por la Superintendencia de Salud, de acuerdo con una publicación de la emisora colombiana W Radio.

Dicha circular establece directrices para que las instituciones de salud en Colombia faciliten el acceso al aborto hasta las 24 semanas, tal como lo dictaminó la Corte Constitucional.

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Entre los promotores de esta demanda se encuentran los congresistas Mauricio Giraldo, Luis Miguel López (Conservador), Karina Espinosa (Liberal) y Lorena Ríos Cuéllar (Colombia Justa Libres), quienes sostienen que la Superintendencia ha excedido sus facultades al intentar reglamentar un fallo judicial, argumentando que esta tarea corresponde exclusivamente al Congreso.

Según estos legisladores, “a punta de sentencias y de extralimitaciones de funciones, no se puede usurpar el papel que le pertenece al Congreso de la República”, subrayó Luis Miguel López.

Además, los demandantes alegan que la circular vulnera el derecho a la objeción de conciencia, ya que podría obligar a los profesionales de la salud, incluidos los farmacéuticos, a participar en procedimientos de aborto, a pesar de sus convicciones personales.

Este intento de nulidad no es el único esfuerzo que ha hecho la bancada Provida para revertir la despenalización del aborto en Colombia.

El 22 de agosto, estos congresistas presentaron un proyecto de acto legislativo para modificar el artículo 11 de la Constitución. La propuesta busca prohibir explícitamente la interrupción voluntaria del embarazo en todas las circunstancias.

El 21 de febrero se celebra el segundo aniversario de la histórica sentencia que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia hasta la semana 24 de gestación, fecha que será conmemorada por el movimiento Causa Justa con un acto simbólico y una serie de actividades a lo largo del país (C-055 de 2022).

Cabe recordar que la Corte Constitucional de Colombia aprobó la interrupción voluntaria del embarazo por cinco votos contra cuatro, en una decisión que marcó un hito en la lucha por los derechos reproductivos en el país.

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El fallo del alto tribunal se produjo como respuesta a una demanda presentada en 2020 por el movimiento Causa Justa, una coalición de 90 organizaciones, en la que el colectivo exigía el fin de la criminalización del aborto. Esta decisión puso fin a la penalización del aborto en todas sus circunstancias, permitiendo a las mujeres tomar decisiones sobre su propio cuerpo sin temor a represalias legales.

En Colombia, el aborto estaba penado con hasta cuatro años y medio de cárcel, aunque desde 2006 se permitía en tres causas específicas: violación, malformación del feto o riesgo de salud para la madre, sin límite de tiempo; sin embargo, con esta nueva sentencia, se abrió la posibilidad para que todas las mujeres lograran acceder al aborto de manera segura y legal.

Con esta decisión, Colombia se unió a otros países de América Latina que avanzaron en la protección de los derechos reproductivos de las mujeres.

El colectivo Causa Justa divulgó información que le proporcionó la Fundación Oriéntame, en donde señalan que, durante el período comprendido entre febrero de 2022 y septiembre de 2023, es decir, aproximadamente un año y siete meses después de la emisión de la sentencia, el “6% de las mujeres colombianas que buscaron una Intervención Voluntaria del Embarazo (IVE)” en la organización lo hicieron después de la semana 12, en contraste, este porcentaje fue del 14% para las mujeres extranjeras, de las cuales el 80% eran de nacionalidad venezolana.

Este dato resalta las dificultades que enfrentan estas mujeres, que incluyen la necesidad de cumplir con requisitos adicionales relacionados con la validación de su estatus migratorio, por lo que el movimiento hizo un llamado “a los prestadores de servicios de salud y a las autoridades públicas para que garanticen una atención integral, digna, sin discriminación y barreras en la IVE”.