Cancillería pidió aplazar reunión con Thomas Greg & Sons que buscaba solucionar el conflicto con los pasaportes en Colombia

Minutos antes de que se diera inicio a la segunda sesión de diálogos entre la Cancillería de Colombia, Thomas Greg & Sons y la Procuraduría General de la Nación, programada para este jueves 29 de agosto a las 9:30 de la mañana, la Secretaría General la cartera de Relaciones Exteriores solicitó al órgano de control aplazar el encuentro en el que se toman decisiones sobre el futuro de los pasaportes.

Según se conoció, el procurador delegado para la conciliación, Ramiro Escuadrón, aceptó la petición y reprogramó el encuentro para el martes 3 de septiembre, en el que se determinará el futuro de la impresión de pasaportes y visas en el país.

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El canciller Luis Gilberto Murillo anunció una rueda de prensa para abordar el caso una vez haya regresado de su viaje a Ecuador, donde trató temas de derechos humanos.

Además, se espera que Murillo proponga una solución concreta sobre quién asumirá la impresión de los pasaportes y visas a partir del 3 de octubre, fecha en la que finaliza el contrato vigente con Thomas Greg, adjudicado por urgencia manifiesta.

Thomas Greg, la empresa que actualmente se encarga de la impresión de pasaportes, ha ejercido presión para continuar con sus funciones mediante la asesoría al Gobierno en la transición hacia un nuevo modelo de impresión liderado por la Imprenta Nacional. Tal posibilidad surge en medio de una demanda instaurada por Thomas Greg contra el Estado tras la anulación de una licitación anterior.

El procurador Escandón señaló que el interés del Gobierno es que Thomas Greg asesore en la implementación del nuevo modelo. “Por ahora se busca ese vehículo jurídico por lo que seguimos explorando posibles soluciones y la forma más adecuada”, afirmó Escandón el 27 de agosto.

Entretanto, no se conocen los motivos de la cancelación, pues se tenía previsto que para este jueves el Gobierno presentara una alternativa que podría establecer a Thomas Greg & Sons como asesora en el nuevo modelo de producción de pasaporte.

Actualmente, la empresa y la Cancillería se encuentran en un periodo de intensas negociaciones, llevado a cabo en la sede de la Procuraduría, con el objetivo de resolver los conflictos persistentes que surgieron después de que el excanciller Álvaro Leyva declarara desierta la renovación de la licitación. Esta decisión del excanciller, basada en el alegato de que la compañía tenía un monopolio en la fabricación de pasaportes durante los últimos 17 años, dejó al proceso en suspenso y generó la situación de emergencia que se vive hoy.

No obstante, la Cancillería ha recibido múltiples propuestas de otras empresas, como Cadena S.A., que ha mostrado disposición de presentar una alternativa técnica y viable para el manejo de la impresión de pasaportes. Entre los documentos enviados a la Cancillería existe correspondencia que acredita la insistencia de Cadena S.A. en ofrecer sus servicios, según reveló El Tiempo.

Al tiempo que se conoció sobre la suspención del segundo encuentro entre la Cancillería y la firma Thomas Greg, también se entregaron detalles de los nuevos inconvientes que se están presentando para expedir el documento de identificación de caracter internacional.

Thomas Greg & Sons ha informado que ya no cuenta con los recursos necesarios para seguir elaborando pasaportes para los ciudadanos colombianos, justo cuando se acerca el fin de su contrato de urgencia manifiesta el próximo 2 de octubre. Esta situación ha generado una gran incertidumbre en Colombia, aumentando las solicitudes diarias de pasaportes de 10.000 a 15.000, según informó Cambio.

El problema se origina en una decisión tomada en diciembre del año pasado por el Gobierno colombiano, que extendió el contrato de Thomas Greg and Sons por 198.000 millones de pesos con el objetivo de que la Cancillería organizara un nuevo proceso de adjudicación en un plazo de once meses.

El contrato vigente especifica que finalizará el 2 de octubre de 2023 o cuando se agoten los recursos, lo que sucedió antes de lo previsto. Ahora, se requiere una adición presupuestal de al menos 20.000 millones de pesos para seguir operando hasta la fecha límite.