Asomineros demandará a la ministra de Ambiente por supuestos incumplimientos del Acuerdo de Escazú

En medio del Congreso Nacional de Minería 2024, celebrado en el Hotel Hilton de Cartagena, la presidenta de la Asociación de Mineros y Joyeros de Vetas (Asomineros), Ivonne González, lanzó un fuerte pronunciamiento contra la ministra de Ambiente, Susana Muhamad. Durante su intervención, González no solo expresó su descontento con la gestión de la ministra, también anunció la intención de Asomineros de llevar adelante una demanda en su contra.

González argumentó que la ministra Muhamad, que es una defensora activa del Acuerdo de Escazú, no está cumpliendo con las expectativas de los mineros y las comunidades ancestrales de la región. Según sus declaraciones, “sentimos que ella, que ha sido tan vehemente defendiendo este acuerdo, no lo está cumpliendo y no lo está cumpliendo porque ella sigue reuniéndose a puerta cerrada con dos o tres activistas, sigue haciendo su activismo pasando por encima de la identidad de la cultura, de las vocaciones y de los saberes de los pueblos que llevamos siglos ahí haciendo minería”.

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En su intervención, González también se refirió al reciente fallo de la Corte Constitucional que avala la ley de aprobación del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que busca proteger a los líderes ambientales y garantizar el acceso a la información y las consultas previas en proyectos con impacto ambiental. Si bien este acuerdo fue celebrado por muchos sectores, la presidenta de Asomineros hizo un llamado a que su implementación sea equitativa y respetuosa de los derechos de todas las partes involucradas, incluidas las comunidades mineras que operan en la región desde hace varias generaciones.

“Colombia debe entender que Escazú no es para que solo las ONG que se autodenominan ambientalistas (...) sino también para que nos respeten los derechos que tenemos las comunidades ancestrales que venimos de tercera generación, que hemos cumplido por encima de cualquier cosa la ley, que hemos trabajado con la institucionalidad y que vemos que en este momento en Colombia no tenemos garantías”, señaló González.

El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional pionero en América Latina y el Caribe que vincula los derechos humanos con la protección del medio ambiente. Adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, este acuerdo se establece como un marco legal para garantizar que las personas tengan acceso a la información ambiental, puedan participar en la toma de decisiones que afecten su entorno y accedan a la justicia en casos de afectaciones al medio ambiente. Además, el tratado señala la importancia de proteger los derechos de los defensores del medio ambiente y de las comunidades indígenas y locales.

Entre sus principales disposiciones, el Acuerdo de Escazú asegura que la población tenga el derecho a recibir información clara y oportuna sobre asuntos ambientales, permitiendo que las decisiones que afecten el entorno sean consultadas de manera inclusiva con las comunidades. Asimismo, el tratado facilita que cualquier persona afectada por cuestiones ambientales tenga el acceso a la justicia para buscar reparaciones o soluciones.

Una característica clave del acuerdo es su enfoque en la protección de defensores ambientales, quienes a menudo enfrentan amenazas por su trabajo. El tratado obliga a los gobiernos a promover y proteger los derechos de estas personas, asegurando su seguridad y el respeto de sus derechos.

El tratado fue inicialmente firmado por 24 países de la región, pero solo 17 lo ratificaron hasta la fecha (29 de agosto), incluyendo a Colombia. Esta ratificación es crucial, ya que pone en marcha las obligaciones legales y el compromiso de estos países para implementar los principios del acuerdo, convirtiéndolo en un referente para la defensa del medio ambiente y los derechos humanos en la región.

Epsy Campbell, exvicepresidenta y exministra de Relaciones Exteriores de Costa Rica, destacó la importancia del Acuerdo de Escazú, señalando que coloca la acción ciudadana y la defensa ambiental en el centro de las políticas ambientales, un paso esencial frente a los desafíos ambientales que enfrenta la región.