El caso por las interceptaciones ilegales de las instituciones de seguridad contra Marelbys Meza, exniñera de la hoy directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, volvió a dar un giro, después de conocerse del preacuerdo que entregó la Fiscalía General de la Nación a uno de los involucrados en el caso.
Se trata de Fredy Alexander Gómez, el agente de la Sijín de la Policía de Bogotá, que aceptó su culpa en la falsificación de informes judiciales para interceptar de manera ilegal a la exniñera.
Según el escrito de la Fiscalía revelado por La Fm, con el nuevo preacuerdo, el oficial ya no pagará 72 meses de pisión, como se tenía previsto, sino solo 49; es decir, dos años.
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Según el ente acusador, Gómez fue responsable de consignar información falsa en un documento judicial basado en una “fuente falsa”, con el fin de incriminar a Meza en un supuesto robo de miles de dólares. Posteriormente, la Fiscalía verificó que dicha fuente nunca había estado en la sede de la Sijín en Bogotá, confirmando así la falsedad de la información presentada.
Como parte del acuerdo preestablecido y para garantizar la reparación de las víctimas, Fredy Alexander Gómez deberá además ofrecer disculpas públicas a Meza y a Jhonson Pineda, amigo cercano de la exniñera que resultó vinculado en las investigaciones y posteriores interceptaciones telefónicas, acusado de ser el jefe de una banda criminal dedicada al robo de automotes.
Además, la Fiscalía determinó que Gómez no tuvo accedos a dineros o dádivas para falsificar la documentación, por lo que no se le exigió el pago o devolución de dinero. “Lo relativo a la concesión de la prisión domiciliaria como pena sustitutiva de la pena de prisión, la misma será de valoración del juez de primera instancia al momento de proferir la sentencia condenatoria”, señala el preacuerdo publicado por La Fm.
Hasta donde se sabe, la validación de este preacuerdo entre Goméz y la Fiscalía está programada para el próximo 17 de octubre, mientras el agente de la Sijín permanece recluido en la cárcel de Facatativá, en el departamento de Cundinamarca.
Adicionalmente, la expatrullera Dana Canizales, implicada en el mismo caso, también ha comunicado su colaboración con la Fiscalía. Canizales, que enfrenta cargos penales por manipular informes oficiales, ha decidido testificar contra el intendente Alfonso Quinchanegua y el capitán de la Sijín Óscar Alejandro Mojica, quienes están acusados por el delito de fraude procesal y de realizar interceptaciones telefónicas ilegales.
Canizales confesó que Quinchanegua le facilitó información para un formato destinado a fuentes no formales, y que bajo la dirección de Mojica, este fue alterado para incriminar a Marelbys Meza y a sus asociados.
A pesar de su cooperación con la investigación, Dana Canizales continúa afrontando múltiples cargos, incluyendo fraude procesal, falsedad ideológica en documento público agravado, y falsedad material en documento público agravado.
Entretanto, el caso vuelve a sonar después de que en el mes de junio de 2024 se llevaran a cabo diligencias de inspección judicial en la Casa de Nariño, encabezadas por la Fiscalía 2203 de Conocimiento Especializado y la Policía Judicial de la DIJIN, en un operativo para recolectar elementos materiales probatorios y evidencia física vinculados con la práctica de un polígrafo a Marelbys Meza.
Esta investigación se centra en el análisis del comportamiento de ciertos miembros de la Policía Nacional, incluyendo al coronel Carlos Feria y otros funcionarios. Según revelaciones anteriores, en mayo del año pasado la Fiscalía General de la Nación, bajo el mandato de Francisco Barbosa, inició un proceso contra varios uniformados y la actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Laura Sarabia.
Los hechos que motivaron esta investigación salieron a la luz cuando Meza relató públicamente que había sido intimidada por funcionarios que la retuvieron e interrogaron durante cuatro horas en un sótano cercano a la residencia del presidente Gustavo Petro. En declaraciones a la revista Semana, Meza describió su experiencia en el sótano, señalando que se sintió “secuestrada, aturdida, ahogada”.
Por su parte, la Presidencia de Colombia emitió un comunicado rechazando las acusaciones de “supuestos abusos de poder, mal uso de recursos públicos y maltrato a personas indefensas”, defendiendo la integridad de los funcionarios involucrados.
El entonces fiscal Barbosa explicó que, con el fin de justificar las intercepciones ilegales, algunos uniformados hicieron pasar a Meza como una integrante del Clan del Golfo. “Las convierten en miembros del Clan del Golfo, las escuchan y posteriormente en la tarde como si estuviéramos con la Gestapo en Colombia, la trasladan en un carro, le hacen un polígrafo que no tiene nada que ver con seguridad nacional”, expresó Barbosa en su momento.