Accionistas minoritarios podrían demandar a Ecopetrol por decisión de Gustavo Petro de tumbar negocio con empresa de fraking en Estados Unidos

No paran los problemas para el Gobierno nacional y para Ecopetrol, después de la decisión de dos directivos de la petrolera estatal de renunciar a la junta, tras el desistimiento en la compra de al menos el 30% de participación en la empresa CrownRock, una productora de gas y petróleo en Estados unidos que pertenece a Occidental Petroleum Corporation (Oxy).

De hecho, la misiva de José Echavarría y Luis Alberto Zuleta indicó que el negocio, aprobado por la junta directiva de Ecopetrol en febrero de este año, se echó para atrás por la orden del presidente Gustavo Petro, lo que desencadenará una baja de recursos para la petroletra.

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“El presidente había manifestado a Ricardo Roa (presidente de Ecopetrol) y a varios miembros de la junta no estar de acuerdo con el proyecto por tres razones: se invertía en fracking, significaba endeudar más a Ecopetrol e implicaba enviar recursos desde Colombia al exterior”, señala la misiva.

Sin embargo, en la mañana se este jueves 29 de agosto se conoció que la decisión y los argumentos de los dos directivos también pone en jaque a la petrolera estatal, pues la renuncia de Ecopetrol al negocio con CrownRock podría desencadenar en acciones legales de accionistas minoritarios en Colombia.

Según explicaron expertos en el sector, estos inversores podrían demandar a la empresa estatal alegando perjuicios financieros.

El abogado especialista en derecho bursátil Jorge Torrado Angarita señaló al diario La República que, según el artículo 200 del Código del Comercio, los administradores son responsables solidaria e ilimitadamente de los daños que causen a la sociedad o a terceros por acción u omisión dolosa o negligente.

Este marco legal establece que, potencialmente, los accionistas podrían reclamar indemnizaciones por la caída en el valor de las acciones de Ecopetrol, que en la Bolsa de Valores de Nueva York descendieron un 9.8% en una semana, pasando de US10.42 a US9.49.

La frustración de los accionistas se incrementa considerando que tales normas de responsabilidad administrativa son imperativas y no sujetas a negociación. Además del Código del Comercio, los administradores deben cumplir con el artículo 23 de la Ley 292 de 1995, que exige actuar de buena fe, con lealtad y con diligencia, siempre en interés de la sociedad y sus socios.

“Esto es aplicable a cualquier sociedad comercial. Esa es la gran responsabilidad que tienen los administradores y contra ello no hay pacto, no hay posibilidad de fijar lo contrario porque son normas imperativas”, comentó el experto al medio especializado.

La negativa a la compra de CrownRock también fue señalada como el motivo de la renuncia de Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta, miembros de la junta directiva de Ecopetrol, quienes consideraban el proyecto esencial para el futuro de la empresa y sus 250.000 accionistas.

En una carta de renuncia, ambos expresaron su desacuerdo y desmintieron las afirmaciones del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien aseguró que la cancelación de la compra no respondía a una orden directa del presidente Gustavo Petro.

Roa clarificó que la indecisión se debía en parte al alto costo del proyecto, estimado en 3.700 millones de dólares, y a la negativa del Ministerio de Hacienda a autorizar la emisión de nueva deuda, citando preocupaciones sobre el potencial impacto financiero. Asimismo, el rechazo al proyecto se alinea con la postura del Gobierno de Petro contra la práctica de fracking, una técnica que el proyecto CrownRock emplearía.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, cuestionó públicamente los planes de Ecopetrol diciendo: “Si nosotros estamos diciendo que no le vamos a apostar al fracking, ¿por qué Ecopetrol quiere apostar al fracking en otra parte?”, comentario que reforzó el choque entre la orientación política del Gobierno y las decisiones corporativas de la empresa.

Un documento interno de Ecopetrol reveló que, de haberse concretado la compra, podrían haberse añadido 65.000 barriles diarios a la producción total de la empresa para 2025, incrementando también las reservas recuperables. Pese a los beneficios potenciales, la transición fue rechazada, movida también por las preocupaciones medioambientales y financieras.

El gobierno corporativo de Ecopetrol ha sufrido un duro golpe debido a estas decisiones. Tomás González, director del Centro Regional de Estudios Económicos, afirmó que la permeabilidad de las ideologías políticas del gobierno central ha influido en las decisiones corporativas, debilitando la independencia de la administración de Ecopetrol.

Los analistas también advierten que este tipo de interferencias podría afectar a otras empresas estatales, como Reficar e ISA, la cual recientemente cambió de dirección con el nombramiento de Jorge Andrés Carrillo como presidente, un ingeniero cercano al Gobierno nacional.

En términos de estructura, la Junta Directiva de Ecopetrol actualmente cuenta con siete miembros independientes y dos no independientes, entre quienes están Tatiana Roa y Edwin Palma. Echavarría y Zuleta, aunque renunciaron, aún no han recibido la aceptación formal de sus renuncias.